Una resolución de la jueza local Florencia Viñuales ordenó que el 11 de agosto no se elija Diputado Por Pueblo.

La decisión responde al pedido que hicieran abogados que representan a un grupo de vecinos de El Chalten, que al ver que en la convocatoria a elecciones provinciales para el 11 de agosto no se contempla la posibilidad que ese municipio vote su represente directo en la legislatura provincial, solicitan se revea el decreto de la gobernadora Alicia Kirchner.

El amparo está liderado por el intendente de esa comunidad, Gerardo Mirvois y los cinco concejales locales Andrés Zella, Ricardo Compañy, Valeria Martínez, Milagro Canchi y Eladia Freyre.

La Jueza civil de El Calafate Florencia Viñuales declaró admisible al amparo, e hizo lugar a parte de las medidas cautelares que pidieron los abogados.

Viñuales ordenó suspender los artículos 1 y 5 del decreto 229/2019 firmado por la gobernadora Alicia Kirchner, lo que implica la suspensión de la elección de “diputado por el pueblo”, no así la de gobernador.

El debate está dado en que el decreto que la gobernadora firmó para llamar a elecciones para gobernador y vice, y para las categorias de Diputados por Distrito y Diputados por Pueblo, señala que la elección es de veinticuatro (24) Diputados Provinciales, diez (10) Diputados titulares y seis (6) Diputados Suplentes por Distrito mas catorce (14) Diputados Titulares con sus respectivos suplentes, uno por cada municipio.

El Chalten es el municipio número 15, categoría que reviste desde noviembre del 2011 cuando se creó la ley provincial 3249, la misma que estableció una comisión Ad Hoc para la transición de Comisión de Fomento a Municipalidad.

En 2015 los vecinos votaron a su primer intendente y los primeros concejales, pero no así a su Diputado Por el Pueblo. Debieron seguir compartiendo al legislador que también reemplaza a El Calafate y Tres Lagos por una discusión centrada en que la Constitución de Santa Cruz se refiere a 14 municipios. 

La demanda está realizada contra el Estado de Santa Cruz, por lo que ahora resta esperar la reacción del gobierno, con una posible apelación que podría llevar a la definición de la medida cautelar a una instancia superior de la justicia santacruceña.