En las últimas semanas, el Gobierno argentino puso en marcha una serie de medidas tendientes a paliar la situación de las empresas del país, sumamente golpeadas por la crisis sanitaria global por la pandemia de coronavirus.

Dado este contexto, se generaron fuertes cortocircuitos con el sector privado, ya que los empresarios estaban solicitando políticas mucho más beneficiosas que las anunciadas y consideran que estas tienen un alcance “confuso”, teniendo en cuenta la “letra chica”, y una implementación algo burocrática para tiempos de emergencia.

En primer término sintetiza el asunto explicando que las medidas son básicamente tres: la postergación o reducción de contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); la asignación compensatoria al salario; y el Programa de Recuperación Productiva (Repro), de asistencia por la emergencia sanitaria.

¿Quiénes están habilitados para acceder a ellos? Las “actividades económicas afectadas de forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan”, aquellas con cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral; y quienes hayan sufrido “una sustancial reducción de ventas con posterioridad al 29 de marzo”. Este último punto, aunque el instructivo no lo dice, es uno de los más difíciles de comprobar, pese a que el contexto parezca evidente.

En referencia a la primera medida, sobre cargas patronales, se posterga el pago de las obligaciones devengadas de marzo y abril y se establecen facilidades de pago. Al mismo tiempo, se reduce un 95% la contribución de abril. Pero todo esto, y esta es una de las críticas del sector empresario, aplica para empresas con menos de 60 empleados, mientras que las que superen este número deben acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis.

Sobre la asignación compensatoria al salario, que otorga la Anses, aclararon que se trata de una suma que cubre parte de los sueldos de los trabajadores bajo convenio colectivo para empresas de hasta 100 empleados, y que el empleador deberá abonar la parte restante y ejercer las retenciones de cargas patronales, obra social, etcétera.

Finalmente, respecto al Repro, AOCA explicó que esta asignación no contributiva cubre entre AR$ 6.000 y AR$ 10.000 del salario de los trabajadores de empresas con más de 100 empleados.

A quién se le otorga y a quién no será decidido por una comisión especial creada por la Jefatura de Gabinete nacional, que evaluará los resultados económicos de las empresas entre el 20 de marzo y el 30 de abril. Los empleadores deberán presentar la nómina de empleados y afectación a las actividades alcanzadas por el decreto, pero el Ministerio de Trabajo podría solicitar información adicional, a la espera de las normas operativas para la implementación de todas estas medidas.

En este contexto, AOCA le informó a sus asociados que continúa trabajando con distintos organismos del Estado e instituciones para conseguir mayores beneficios para la actividad.

Rolando Klempert de Hosteltur