28 de junio de 2017
Causa Aristizabal contra gobierno. Anularon todo lo actuado por jueza Viñuales.
La magistrada local había ordenado la nulidad de la expropiación estatal de más de 500 hectáreas a la familia dueña de la estancia 25 de Mayo. El gobierno provincial apeló. Dos jueces de apelación declararon que todo lo actuado por la jueza es inexistente, porque en el expediente falta una firma.
La Cámara de Apelaciones de la Justicia de Santa Cruz dejó sin efectivo el fallo de primera instancia mediante el cual se dejaba sin efecto la expropiación de casi 600 hectáreas por parte del gobierno provincial a una estancia lindera a El Calafate.
En el 2010 del Poder Ejecutivo de Santa Cruz (Gobernador Daniel Peralta) promulgó una ley aprobada por los diputados provinciales que consistió en expropiarle a la estancia 25 de Mayo 600 hectáreas vecinas a El Calafate.
El objetivo de la expropiación fue contar con tierras para un polo de servicios básicos como un nuevo basural y una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales entre otras cosas.
La expropiación significó que el estado provincial pagaría esas tierras a valor fiscal.
Luego de la firma del gobernador, el trámite se debía completar en la justicia provincial para cerrar el llamado “juicio de expropiación”.
La provincia entregó estas tierras al municipio y la justicia autorizó la toma de posesión, con lo cual el gobierno local comenzó a desarrollar el proyecto de lo actualmente es el proyecto del Centro de Gestión de Residuos Sólidos, financiado por el gobierno nacional con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero la familia Aristizabal, dueños de la tierra, cuestionó la expropiación con varios argumentos. Que el precio fijado está muy por debajo de la realidad (135.000), que se expropiaron mas tierras de las que se necesitan para el polo de servicio y cuestiones ambientales, fueron los ejes de la presentación judicial.
En julio del 2016 la jueza civil y comercial Florencia Viñuales resolvió que la expropiación sea solo de seis hectáreas, caducando la expropiación del resto de las tierras.
El municipio opinó que la jueza tomó una medida que perjudica a la comunidad ya que frenaba los proyectos de las áreas de servicio.
La provincia planteó una apelación diciendo que la jueza no puede fallar en contra de una ley provincial que fue aprobada por la legislatura, en el marco de las facultades que les otorga la Constitución Provincial.
La jueza fue cuestionada por emitir una sentencia que modifica la cantidad de tierras que indica la ley de expropiación aprobada, una orden judicial que dala los principios básicos del derecho y la constitucionalidad.
El gobierno provincial apeló la medida.
Ahoracalafate.com.ar conoció que horas atrás, la Cámara de Apelaciones borró la orden que había dictado la jueza local Florencia Viñuales.
La sentencia de los jueces René Fernández y Carlos Arenillas no le da la razón a la provincia en su planteó, sino que directamente declara que el trámite judicial planteando la queja de la familia propietaria de la tierra, no existe.
“Declarar inexistente el escrito de fs. 378/380, y la nulidad de todos los actos dictados en consecuencia incluso la sentencia interlocutoria recurrida”, dice el primer punto de la sentencia conocida por este portal.
El fallo se basa en una cuestión de forma, al decir que en el expediente se constató que en el escrito que origina todo el debate judicial falta la firma de la demandante Ariela Aristizabal. Los jueces indicaron que en los papeles solo consta la firma dela abogada representante Marcela Neira, pero que ello no es suficiente para que la justicia trate la queja de la propietaria.
Los magistrados Fernández y Arenillas citan las distintas jurisprudencias que indican que para que una queja de este tipo tenga validez, debe estar firmada por quien impulsa el planteo, y no solo por su representante.
