Jorge Arabel, uno de los diputados que se reunió con la presidenta del Consejo Provincial de Educación para preguntar por el caso de los ingresos irregulares a ese órgano provincial, dijo que salió conforme del encuentro.

El jueves, diputado que integran la comisión de Educación de la legislatura provincial, se reunieron con la presidenta del CPE, para pedirle información sobre el caso de los ingresos irregulares de empleados.

Días antes, Silvia Sánchez había confirmado que realizó una denuncia judicial, con la que deslinda responsabilidades, e informa que supo por dos personas, que punteros políticos cobraron coimas para ingresar a personas en la planta de empleados de ese organismo, señalando dos casos.

La polémica se agrandó cuando la presidenta del Consejo de Educación informó a los vocales del organismo sobre su denuncia. Luego de la reunión, el vocal que representa a los docentes públicos Pedro Muñoz, dijo que de acuerdo a lo informado serían unas 300 personas las que habrían ingresado en forma irregular.

Sánchez desmiente haber dado esa información durante la reunión del Consejo Provincial de Educación.

Los legisladores pidieron a la funcionaria que informe de la situación. Luego del encuentro el legislador Jorge Arabel  (PJ – FPV) dijo que quedó conforme con lo informado por Sánchez, a quien escuchó con determinación y seguridad.  “Nos fuimos muy satisfechos”, dijo Arabel al programa Turno Mañana de FM Dimensión de El Calafate.

 El diputado contó que la presidenta del CPE confirmó que realizó la denuncia sobre dos hechos que conoció, por parte de las mismas personas que aceptaron pagar 25 y 36 mil pesos, en cuotas, a punteros políticos, para ser ingresadas como empleados provinciales.

En la entrevista radial también contestó que no se conocieron las identidades de los punteros que cobraron el dinero y que Silvia Sánchez dijo que no los conocía, pero que si tenía conocimientos de las dos personas que dijeron haber participado de los acuerdos.

Jorge Arabel también comentó que en el encuentro igualmente se habló, aunque sin definición, sobre en qué situación quedarían las dos personas que accedieron al sistema ilegal para el ingreso a la planta de empleados, pero cuyos testimonios sirvieron para que el caso se denunciara ante la justicia.

 “Hay que definir cuál es el amparo que da la justicia o el gobierno a las personas damnificadas que denuncian, pero que en definitiva se las termina perjudicándolas, porque se les congeló la liquidación e igual no cobran el sueldo, y quedan vacantes de ese trabajo. Podrían no haber dicho nada y seguirían cobrando”, comentó.