La Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó ayer jueves ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una acción de amparo, solicitando que se declare “la nulidad y la inconstitucionalidad” de dos decretos firmados por el Presidente Mauricio Macri, que crean reservas naturales silvestres en esta provincia.

Son los Decretos N° 326/2019 y 327/2019, ambos del 2 de mayo de 2019, mediante los cuales se crearon la “Reserva Natural Silvestre La Ascensión” y la “Reserva Natural Silvestre Piedra del Fraile”, respectivamente.

Las dos áreas totalizan unas 20 mil hectáreas y fueron donadas por una fundación. Por medio de sendas escrituras públicas, tanto la Administración de Parques Nacionales como la Agencia de Administración de Bienes del Estado aceptaron formalmente la donación, asumiendo el compromiso de declarar a los inmuebles como “Reserva Natural Silvestre”.

Eso es lo que hizo el Presidente Macri a través de los decretos. Pero sin ningún tipo de consulta a la provincia y salteando todo el procedimiento legal para el caso. Eso es lo que levantó el reclamo inmediato del estado de Santa Cruz.

“En efecto, la Provincia de Santa Cruz no fue informada ni consultada respecto del territorio que luego fuera afectado y, por consiguiente, no participó en la conformación del conjunto de datos que resultan relevantes para la creación de sendas reservas naturales silvestres, cuyo control se traspasa a la órbita de control del Estado Nacional, sin cumplir con la legislación aplicable ni con los principios constitucionales que hacen al régimen federa”, afirma el escrito al que accedió AHORA CALAFATE.

“Sin la ley provincial que transfiera la jurisdicción al Estado Nacional – agrega - tampoco se ha sancionado la ley nacional que acepte la cesión de jurisdicción sobre las tierras que conforman las reservas naturales silvestres, conforme los lineamientos del art. 1° de la Ley 22.351”.

La acción de amparo fue presentada por el Fiscal de Estado de Santa Cruz, Dr. Fernando Tanarro; y la Dra. Graciana Peñafort Colombi, apoderada de la Provincia de Santa Cruz.

Allí sostiene  que “solo después de sancionada la ley provincial que transfiera a favor del Estado Nacional la jurisdicción correspondiente, el Senado de la Nación debe aceptar la cesión de jurisdicción en cuestión para luego recién crear la Reserva Natural Silvestre”.

“Legitimar un decreto como el que aquí se impugna –además de crear un antecedente peligroso– en los hechos permitiría que el Presidente de la Nación, de forma unilateral, firme un decreto que constituya un área de reserva natural silvestre en cualquier provincia”, remarca la presentación, de 17 fojas.

Para Tanarro y Peñafort, “en estas condiciones es claro que los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional están afectados de nulidad absoluta, son irregulares, infundados e incausados, y deben ser revocados por razones de ilegitimidad y arbitrariedad, conforme lo prevé el art. 17 de la Ley 19549”.

A lo argumentado se suma “que las tierras afectadas por los Decretos impugnados cuentan con recursos hídricos de trascendental importancia para la Provincia, como ríos y lagos que funcionan como fuente de recarga de acuíferos libres y confinados, todos los cuales –recordemos– son del dominio público provincial y están sujetos a su soberanía”.

“Es evidente entonces que el Poder Ejecutivo Nacional debió haber consensuado con la Provincia de Santa Cruz la creación de estas reservas naturales silvestres, por la restricción a la soberanía que ellas imponen”, agrega el texto que ahora deben analizar los jueces del máximo órgano judicial de Nación. (Guillermo Pérez Luque – Ahora Calafate).