El Presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza, asistió esta tarde a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura Provincial, convocado para analizar un proyecto de Ley que buscará declarar la Emergencia Provincial en materia de posesión y tenencia de tierras rurales.

En el proyecto, presentado por Carlos Santi, y con modificaciones realizadas por la Autoridad de Aplicación, se buscará prohibir por 12 meses, con la opción de prorrogarse por 12 meses más, la creación de “nuevas áreas naturales protegidas, reservas naturales provinciales y nacionales, estrictas, silvestres y/o educativas, parques, monumentos, y aquellas otras áreas cuyas categorías están definidas en la Ley Provincial 3.466, el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, así como a la Legislación Nacional en la misma materia, en particular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”.

Esta prohibición, aplicará también para la “celebración de cualquier tipo de acto administrativo que tenga por objeto la creación de nuevas áreas naturales protegidas – públicas o privadas – hasta tanto no se disponga de Inventario actualizado que releve la totalidad de los establecimientos agropecuarios, no agropecuarios y todos aquellos inmuebles y áreas públicas de la zona rural provincial”.

La intención de los diputados es respaldada por la Federación de Instituciones Agrarias Santacruceñas (FIAS). “A todos los santacruceños a los que nos interesa la provincia, debemos apoyar este proyecto y que sea tratado de manera urgente en la Legislatura antes de fin de este año”, habían expresado días atrás a través de un comunicado.

En él expresaron que “se cumplen dos años de la arremetida extranjera sobre tierras santacruceñas. Durante 2017 varias ONG’s, en sospecho alineamiento con las autoridades de Parques Nacionales, quisieron forzar a la provincia a entregar la titularidad de 500.000 hectáreas de área de frontera para la creación del mega parque Patagonia”.

La norma  que se pretende sancionar también abarcará a “aquellas áreas que habiéndose creado por cualquier instrumento nacional, provincial o municipal, involucren al territorio provincial y que no cuenten con la correspondiente cesión de jurisdicción de esta Legislatura”, y detalla que este Inventario deberá contener datos como el nombre del establecimiento y datos identificatorios, cantidad de hectáreas, titularidad y estado de registro dominial, datos de la persona humana o jurídica, entre otros.

Una vez finalizado el Inventario, se establece que la Autoridad de Aplicación, deberá delinear un Plan de Desarrollo Estratégico que incluya a las unidades productivas afectadas, que priorice su ocupación y el poblamiento territorial, y que potencie y reactive de manera integral y sustentable al sector agropecuario y agroindustrial provincial.