Dra. Renee Fernández jueza de la Cámara Civil recusada por la oposición de responder al Gobierno

La Cámara de Apelaciones dio a conocer ayer su resolución sobre la apelación presentada por la Fiscalía de Estado contra el fallo de primera instancia del juez civil Francisco Marinkovic, por el cual había declarado nula la sesión del 23 de junio y por ende inconstitucionales las leyes publicadas en el Boletín Oficial, sobre el Reordenamiento de la Deuda Provincial que autoriza la toma de un empréstito por hasta 10 mil millones de pesos y la ley que autoriza al Gobierno a firmar con la Nación el convenio de devolución del 15% de la Coparticipación Federal.

La decisión de los integrantes del Tribunal, Reneé Fernández y Nelson Sánchez, fue revertir la decisión en primera instancia y dar por válida la cuestionada sesión y, por ende, declarar constitucionales las leyes aprobadas durante la misma y permitir que el Gobierno Provincial pueda ejecutar las leyes y obtener el financiamiento deseado.

Sostiene una parte de la sentencia que la validez o no de la sesión “tal como está planteada no podría ser objeto de decisión judicial”, considerando que se trata de “decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo, de políticas de gobierno” y que de por sí y “sólo con esto queda determinada, en forma contundente, la exclusión de la intervención de los juzgadores”.

Y plantea que “en este caso concreto se evidencia una intromisión indebida del Poder Judicial en la zona de reserva de los otros poderes del Estado”.

Sostiene que en la sesión de la Legislatura Provincial del 23 de junio, ante la ausencia de los diputados “y sin efectuar hipótesis alguna, es que han dejado de usar un derecho que les ha dado la ciudadanía a la cual representan, con las implicancias que ello conlleva”, recalcando que “hubieran podido emitir su voto si hubieran estado presentes cumpliendo su labor y no pretender, a posteriori, a través de una sentencia judicial, la nulificación o inconstitucionalidad de leyes que no votaron por estar ausentes”.

Fallando finalmente dando lugar a la apelación de la Fiscalía de Estado y en consecuencia revocando, “por los argumentos vertidos en los considerandos, la sentencia recurrida, dejando sin efecto en todas sus partes la medida cautelar tramitada”.

Fallo viciado

Para los amparistas esta decisión está viciada de nulidad, toda vez que en primera instancia se debería haber resuelto la recusación hecha a la juez Fernández para entender en la causa y esto no fue así. “La juez decidió ella misma separar del expediente la recusación en su contra y continuar participando de la causa”, indicaron los legisladores de Unión para Vivir Mejor.

La sentencia, dada a conocer sobre el último minuto antes de que el Poder Judicial entrara en receso de invierno, provocó la indignación de los diputados de la oposición, quienes procedieron pocas horas después a presentar la denuncia penal contra la juez Reneé Fernández.

Los diputados tildaron de “ilegal” la resolución y señalaron que “la Cámara dictó este fallo con la firma de Reneé Fernández, que estaba recusada por evidente parcialidad a favor del Gobierno y por Nelson Sánchez, un juez puesto a dedo violando la ley y la Constitución Provincial”, afirmaron.

Advierten que apelarán esa decisión de la Cámara ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que “con una marcada ilegalidad, con fallos que no cumplen ni respetan las normas jurídicas ni la Constitución de la Justicia de Santa Cruz, pretende permitirle al kirchnerismo un nuevo saqueo de las cuentas públicas”, remarcaron desde UPVM.

“Esto realmente es inaudito”, sostuvo el diputado Alberto Lozano, uno de los amparistas y agregó “ella (Reneé Fernández) decidió que esa parte de la causa sea arrancada de la causa principal y, sin darle ningún tratamiento al tema, prosiguió con el expediente y dictó una sentencia que claramente resulta ilegal”, remarcó el legislador radical, agregando que así “se van sumando ilegalidades que dan como resultado una gran injusticia, que someten al pueblo a un castigo innecesario”.

Alicia Kirchner solicitó a la Cámara de Diputados la autorización para tomar deuda por hasta 10 mil millones de pesos. Esto fue tratado por los legisladores del Frente para la Victoria en una sesión escandalosa que fue suspendida en medio de violentos incidentes y represión frente al edificio legislativo.

Pero momentos después los 14 diputados del Frente para la Victoria retomaron la sesión y aprobaron tanto la Ley de Reordenamiento como la del convenio de devolución del 15% junto a otras dos leyes (reforma ministerial y declaración de Patrimonio Provincial del Mausoleo en que descansan los restos de Néstor Kirchner). (VIDEO)

Esta situación provocó la presentación a la Justicia por parte de los diputados de la oposición, quienes denunciaron que fueron sacados ex profeso de la Legislatura bajo un falso operativo de desalojo para permitir que los diputados oficialistas pudieran aprobar las leyes, al tiempo que cuestionaron la validez de la sesión porque el cuarto intermedio realizado “nunca se votó”.

Ahora la Cámara de Apelaciones determinó que la sesión fue atada “a reglamento” y por ende es válida, con lo cual las leyes aprobadas “son constitucionales”, anulando así la medida de “no innovar” que había establecido el juez en primera instancia Francisco Marinkovic.

En tanto, la denuncia penal contra la juez Fernández se concretó por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, quedando radicada en el juzgado a cargo de la Dra. Valeria López Lestón. (La Opinión Austral)