Jueves 24 de Junio de 2021

17 de agosto de 2016

Concejales se quejan ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz

La presidenta del HCD Ana Ianni presentó una nota ante el máximo órgano judicial de la provincia. Repudian el accionar de la jueza de instrucción Florencia Viñuales y el de los magistrados de Apelaciones René Fernández y Carlos Arenillas. Fue recibida por uno de los jueces que integra el tribunal.

Los concejales locales del Frente para la Victoria presentaron una queja ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, repudiando el fallo de la jueza de instrucción Florencia Viñuales, y el de los integrantes de la Cámara de Apelaciones René Fernández y Carlos Arenillas.

Como viene informando ahoracalafate.com.ar,  la jueza civil Florencia Viñuales ordenó que el municipio construya cercados en el predio del ex y del actual basural de la ciudad, que elabore planes de saneamientos para ambos sitios, y que haga audiencias públicas para exponer las acciones, todo en plazos que van de los 20 a los 90 días, dependiendo del punto.

La decisión judicial fue la respuesta al Amparo Ambiental presentado por dos vecinos que pedían que el municipio deje de arrojar residuos a cielo abierto en el predio de Laguna Seca, porque no cumplió en cuestiones como un Estudio de Impacto Ambiental, un plan de saneamiento y por no exponer sus ideas en una Audiencia Pública.

El municipio apeló el fallo de la jueza, y acudió a la Cámara de Apelaciones. Los jueces le dieron la razón a la magistrada local y mantuvieron en firme la resolución de primera instancia.

Ahora, mientras los abogados municipales se notifican del fallo de Apelaciones, el  gobierno comenzó a reaccionar políticamente.

A los dichos del secretario coordinador del municipio Martín Freile, le siguió una presentación realizada por concejales del oficialismo ante el Superior Tribunal de Justicia.

En la mañana del miércoles, la presidenta del Concejo Deliberante Ana Ianni llevó en manos, al máximo órgano judicial, una carta firmada por ella y sus compañeros de banca Carlos Alegría, Carlos Mazzei y Bárbara Maldonado.

La presentación fue realizada ante el juez Daniel Mariani, uno de los cinco integrantes de la corte suprema santacruceña (los demás son Clara Zalazar – Ricardo Peretti – Paula Ludueña y María Mercau).

“Venimos a manifestar que no estamos de acuerdo y que no vamos hacer lugar a que el municipio tenga que derogar fondos propios para trabajos que ya están contemplados (dentro programa GIRSU), y mucho menos con plazos antojadizos de 20 a 30 días, cuando si el municipio tuviese que encarar esas obras necesita los plazos mínimos y lógicos para concursos de precios para compra de material y licitación de la obra, que supera los 30 días”, explicó la concejal Ana Ianni antes de entrar a la reunión en el Superior Tribunal de Justicia con sede en Río Gallegos, en un contacto con el programa Turno Mañana de FM Dimensión.

La postura del gobierno, y ahora, de sus concejales, es que los trabajos que ordenó la jueza local están contemplados en el proyecto del Centro de Gestión de Residuos que se construye al lado del cuestionado basural, obra a cargo del programa nacional GIRSU, dependiente del ministerio de Turismo de la Nación.

A dejar la carta, y a mantener un encuentro con el vocal Mariani, la concejal Ana Ianni acudió en compañía de los abogados municipales Andrés Gutiérrez y Juan Solari.

Después del encuentro con el integrante del máximo tribunal, Ianni le dijo a Ahora Calafate que el encuentro “fue muy positivo porque pudimos explicar dónde estamos parados”.

“Fuimos atendidos muy bien y pudimos explicarle cuál es la postura y que lo hacemos n defensa de los vecinos de la ciudad, ya que consideramos que el municipio no debe desembolsar fondos en una obra que ya está programada y tiene sus fondos dentro de lo que es el programa que construye el centro ambiental”, explicó Ianni.

La concejal dijo que su sector sostiene el “repudio” al accionar de los dos estamentos judiciales  porque “creemos que además ponen en peligro el futuro de este programa que tiene financiamiento que llega desde Nación mediante un crédito del BID”.

En la misma jornada, los letrados municipales se notificaron de la decisión de la Cámara de Apelaciones, comenzando a correr el plazo de 10 días para que el municipio acuda a la última instancia dentro de la justicia santacruceña.

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