Ahora Calafate accedió a la carta entregada por concejales oficialista al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, con la que repudian el accionar de la jueza local Florencia Viñuales, y el de los jueces de la Cámara de Apelación René Fernández y Carlos Arenillas.

Como informó este portal, horas atrás la concejal Ana Ianni se reunió con uno de los integrantes del máximo tribunal Daniel Mariani, a quien le entregó una nota firmada por cuatro de los cinco concejales de la ciudad.

En el texto se explica que en la ciudad se construye un Centro de Gestión de Residuos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el Ministerio de Turismo de Nación, obra a la que los concejales califican como “Centro Ambiental vanguardista a nivel mundial”.

También se detalla que las gestiones comenzaron hace seis años, por parte de la actual administración municipal.

La carta narra “distintos obstáculos” por los que atravesó el proyecto la expropiación de la tierra y su consecuente cuestionamiento por parte de sus propietarios hasta el actual Amparo Ambiental.

En otro párrafo, la queja formal dice: “Si bien la Señora Jueza de Primera Instancia no ha hecho lugar a todas las medidas solicitadas por los amparistas, llamativamente ordenó algunas de ellas (obras) que ya se encuentran PREVISTAS EN EL PLAN DE CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBIENTAL, fijando un antojadizo plazo (de imposible cumplimiento tanto administrativa como materialmente) que ATENTA CONTRA EL PROCESO DEPLEGADO y colocan al Municipio en la situación de una erogación económica de fondos propios innecesaria, por cuanto ya se encuentra incluida en la segunda ETAPA del Centro Ambiental El Calafate (CAEC) con aporte del BID y ejecutados por el Ministerio de Turismo de la Nación”.

Los concejales explican a los integrantes del máximo órgano judicial de la provincia que “como representantes de los vecinos de El Calafate tenemos la obligación de velar por los derechos y recursos económicos y ambientales de nuestra comunidad, razón por la que acompañamos y gestionamos la implementación del GIRSU desde su etapa inicial; por este motivo y en virtud de la reciente decisión de la Justicia que denota la existencia de otros intereses que los impulsan a tomar esta arbitraria resolución, es que la REPUDIAMOS porque atenta contra el bienestar de los vecinos, el erario público y el progreso de nuestra localidad”. 

En tanto, en la faz jurídica, antes de fin de mes el municipio presentará su escrito en casación, pidiendo que se revea la orden de la jueza de instrucción y el aval de los jueces de la Cámara de Apelación.