Los efectivos de la Policía de Santa Cruz (PSC) que se encuentran realizando medidas de fuerza comenzaron a ser denunciados penalmente en diferentes juzgados de la provincia.

El conflicto policial pierde fuerza y se torna confuso con el pasar de los días.

Hace una semana desde la asociación de policías se lideró una “retención de tareas” o “autoacuartelaminto” en reclamo porque el gobierno provincial les pagó el sueldo sin aumento, y el porcentaje correspondiente al aumento pactado dos meses atrás fue pagado días después mediante planilla suplementaria. Lo mismo ocurrió con docentes y empleados del sector Salud.

Los jefes de la PSC convencieron a efectivos de dependencias de Río Gallegos de volver a las funciones con el argumento de una fecha cierta de pago del aumento, lo que se cumplió este jueves.

En localidades como El Calafate el conflicto ni comenzó.

En otros puntos de la provincia se mantiene con un dispar acatamiento, ahora reclamando por diferentes cuestiones que hacen al funcionamiento policial.

Río turbio y 28 de Noviembre son las localidades mas cercanas a El Calafate, que se encuentran con reducción de efectivos policiales en funciones.

Sin vestir uniforme los policías entran y salen de las comisarías sin cumplir trabajos y hasta organizando manifestaciones como caravanas de vehículos.

Desde la jefatura policial indican que el acatamiento de ambas localidades es un 40 % del personal, y que acapara a policías ingresados en los últimos años de la fuerza. “La gran mayoría son de cabos 1ro para abajo”, indicó una fuente consultada por ahoracalafate.com.ar.

Entre los acuartelados hay una decena de agentes que aún no fueron confirmados como efectivos policiales, por estar en etapa de evaluación, quienes corren riesgo de quedar fuera de la fuerza, según advierten los jefes provinciales.

Ahora todos fueron denunciados penalmente. Además de los clásicos sumarios administrativos que debe realizar la fuerza policial ante irregularidades en el servicio, se avanzó en denunciar a los policías como supuestos autores de un delito.

En el caso de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, los jefes de ambas comisarías recibieron la orden de hacer la denuncia en la fiscalía de instrucción, desde donde se pidió al juzgado de Río Turnio que se comience a instruir la causa correspondiente.

En estas horas funcionarios judiciales comenzaron a tomar declaraciones testimoniales que argumenten la posible existencia de un delito.

La denuncia está basada en el artículo 252 del Código Penal, el que fuera modificado dos años atrás, cuando varias policiales provinciales hicieron crisis.

La ley vigente pena con prisión de 1 a 3 años de prisión a  integrantes de fuerzas de seguridad nacional o provincial que tengan a cargo el cuidado de personas, y que abandone los actos de servicio.

Las ordenes para que los jefes de dependencias hagan las denuncias penales son impartidas desde las jefaturas regionales.

La regional Sudoeste que abarca a la cuenca carbonífera, Chalten, Tres Lagos y El Calafate fue la primera en concretar las acciones legales.

En la zona centro, la jefatura por ahora advirtió a los policías en protesta que están cometiendo un delito y podría avanzarse en una denuncia penal. La respuesta fue una manifestación echa a la casa del jefe de la regional centro.

En la zona norte, el juez Eduardo Quelín con asiento en Las Heras tiene en manos una incipiente causa contra policías de Perito Moreno quienes además de estar con medidas de fuerza habrían amedrentado a compañeros y subalternos que no se acoplaron a la protesta.