La familia que solicita que la justicia local tome medidas para que le sea devuelta su vivienda consiguió un compromiso por parte de los ocupantes.

Ahoracalafate.com.ar informó sobre el desesperante momento de una familia a la que no le devuelven su vivienda.

El complejo caso trata de una familia que debió viajar a la provincia de Mendoza, donde decidieron pasar varios meses para un tratamiento médico de uno de sus pequeños hijos. Al cuidado de su vivienda dejaron a una familiar, quien atravesaba un difícil momento por una separación y sin lugar donde vivir.

Luego la mujer que quedó al cuidado de la casa volvió con su pareja, y comenzaron a vivir juntos en la vivienda que ahora no quieren devolver a sus propietarios.

Además, en el interior de la vivienda quedaron los muebles y electrodomésticos de la familia compuesta por Liliana y Gabriel con sus tres hijos.

La situación se agrava porque la vivienda en cuestión está bajo un acuerdo foral entre la familia y el municipio de El Calafate.

Como la vivienda fue construida en un terreno inundable, la Municipalidad reconoció los daños causados. Acordaron que la familia seguiría vivienda en el mismo lugar hasta que el municipio terminara de construir una vivienda en otro  sector  de la ciudad, luego de lo cual la familia se mudaría y la vivienda del terreno inundable sería entrega al municipio.

En el medio de todo el proceso, la familia decidió radicarse momentáneamente en Mendoza por la cuestión de salud de su hijo, tiempo en que se generó el conflicto.

En la mañana del martes y ante la ausencia de una segunda citación, el juez de instrucción penal Carlos Narvarte ordenó que los ocupantes fueran buscados por la policía, y llevados ante ese magistrado.

En una audiencia ante el juez, y con la presencia de Liliana Vacca, titular de la vivienda, su cuñada y pareja se comprometieron  a que el viernes dejarán la casa, pero solicitaron que se le provea de un lugar donde vivir.

La Secretaría de Niñez  de la Municipalidad local participó de la audiencia, donde dejó en claro que podría gestionarse una ayuda para una parte del pago de un alquiler y por un determinado lapso de tiempo, pero que en la actualidad el municipio no cuenta con disponibilidad de viviendas.

La familia ocupa tiene hasta el viernes para dejar la vivienda, bajo la advertencia de un proceso judicial en su contra con el posible desalojo por la fuerza.

Otra orden judicial que se desprende de la audiencia judicial de este martes implica que en estas horas, Liliana pueda acudir a la vivienda en compañía de la policía para verificar  el estado del interior de la vivienda y de la existencia de los muebles y equipamiento.