Foto: Gabriela Mestelán y Javier Perez Gallart (Archivo AC)

La diputada provincial Gabriela Mestelan finalmente concretó la presentación de un recurso de amparo contra el tarifazo dispuesto por Servicios Públicos SE, que viene causando un alto impacto en el bolsillo de los usuarios residenciales.

La presentación se hizo ayer viernes ante el Juzgado de Familia Nº 2 de Río Gallegos, a cargo del Dr. Antonio Andrade. El pedido principal es que hasta se suspenda el aumento tarifario, retrotrayendo el cuadro tarifario al mes de diciembre de.2.016.

También solicita que el Gobierno provincial convoque a una Audiencia Pública para tratar estos aumentos, y que se dicte una medida cautelar innovativa que prohíba a la empresa estatal aplicar el nuevo cuadro tarifario en la facturación futura.

De esta manera se concretó lo que días atrás la propia diputada provincial había anticipado en FM Dimensión. “Estamos instruyendo la fundamentación del amparo. No queremos que esto quede en un titulo o noticia de un diario, sino que sea tan algo bien sustanciado que la Justicia le haga lugar para que esto se detenga”, había revelado Mestelán en el programa Radio Activa.

“Desde que han arribado a los domicilios de los vecinos de las diferentes localidades de la Provincia las facturas de Servicios Públicos (que brinda monopólicamente los servicios de energía eléctrica, alumbrado público, agua y cloacas) se ha producido la alarma de los usuarios que, sin conocimiento previo, deben abonar aumentos de hasta un seiscientos por ciento y en algunos casos porcentajes mayores”, fundamenta el amparo que presentó la legisladora de Encuentro Ciudadano, con el asesoramiento del Dr. Javier Pérez Gallart.

 También expresó que la desproporción del aumento “también hay que medirla en el contexto de una economía que depende de la administración pública, trabajadores que en lo que va del año terminan de cobrar el sueldo en algunos casos sobre el fin de mes en el que deberían cobrar su salario y no teniendo en vista que mejore tal situación y menos aumento alguno para el presente año”.

Asimismo, sostuvo que una decisión de estas características, que afecta a un número tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del Artículo 42 de la Constitución Nacional. “Consideramos ilegítimo entonces el dictado del aumento sin el paso previo e ineludible de una audiencia pública”, remarcó en la presentación.