Sábado 8 de Agosto de 2026

20 de marzo de 2017

La justicia tiene que decidir si suspende el aumento de la luz.

Es por un pedido realizado por la diputada provincial Gabriela Mestelán, quien presentó una Acción de amparo como usuaria y en su rol de legisladora. El pedido que debe ser resuelto en forma urgente por el juez es para que se retrotraiga el aumento y que mientras se resuelve la situación se suspenda la aplicación del aumento.

La diputada provincial de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelan presentó una acción de Amparo ante la justicia civil de la provincia, pidiendo que se deje sin efecto el aumento en el servicio domiciliario de energía eléctrica.
La presentación fue realizada en el juzgado civil 2 de Río Gallegos, a cargo del juez Antonio Andrade, y solicita que el cuadro tarifario de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado se retrotraiga al mes de enero, anulando el actual aumento.

Al mismo tiempo pide que mientras el magistrado resuelva el planteo, aplique una medida cautelar prohibiendo cualquier aumento.

La diputada argumenta que los porcentajes de aumentos que registran los usuarios de toda la provincia están por encima de la inflación del año pasado, en el que se registró un 40,3% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora el Congreso de la Nación.

Además sostiene que se debe tener en cuenta que el aumento se da en un contexto del irregular pago de sueldos a los empleados de la administración pública provincial.

Mediante el abogado y también dirigente del mismo partido, Javier Perez Gallart, la legisladora le dice al juez que un aumento de esta magnitud debería haber tratado en audiencia pública, de acuerdo a lo dictado por la Constitución Nacional.

El amparo no deja de lado que en distintas localidades los servicios son deficientes, originando cortes reiterados de energía y de agua.

También fundamenta que el aumento no se anunció mediante algún instrumento legal y administrativo en el boletín oficial de la provincia.

“Así ni se ha informado una estructura de costos del servicio, ni de subsidios a los sectores socialmente vulnerables, ONG, Pymes, clubes de barrio ect., ni de los controles o auditorías sobre la utilización de los subsidios recibidos por años de la nación a través del denominado 0,6 por mil – ley 23.681-“, agrega otro párrafo de los argumentos.

La petición judicial se presentó el viernes al mediodía teniendo el juez que resolver en cuestión de horas.
La diputada presenta como prueba la fracturación de su domicilio particular en la ciudad de Río Gallegos. En la correspondiente al mes de diciembre aboné 143,37 pesos, con un consumo de 145 Kw, mientras que en marzo pagó una factura de 1.575,74 pesos, con un consumo mayor de 590 Kw.

También presentó una segunda comparación realizada con la facturación de un segundo domicilio, en la que consta que en diciembre se abonó una factura de 332,30 pesos, con un consumo de 348 Kw, mientras que en marzo se pagó una factura de 2.467,90 pesos, con un consumo de 675 Kw.

La diputada pidió en el escrito que se le acepte el amparo ya que es usuaria del servicio, pero también en su rol de legisladora provincial, y que en caso que no le sea aceptada se acudirá a la justicia federal.

 

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