La justicia está paralizada en Santa Cruz. Por el paro que realizan los empleados del sector, los expedientes civiles y penales tienen atrasos de varios meses, los abogados se quejan porque sus causas no avanzan, los jueces, fiscales y defensores porque no les dan las manos ni el tiempo para cumplir con los plazos legales, y los ciudadanos esperan por divorcios, sucesiones, y causas penales que van desde una simple amenaza hasta homicidios.

Investigaciones enteras están paralizadas en toda la provincia. Ahora, el tribunal que realiza los juicios orales suspendió el calendario de audiencias porque dice que no cuenta con los recursos económicos ni humanos para hacer los juicios en cada localidad.

En las últimas horas las autoridades del Poder Judicial suspendieron los tiempos procesales hasta el 31 de marzo, con posibilidades de extenderla si continúan las medidas de fuerza de los empleados.

La decisión es gravísima. No significa otra cosa que la justicia santacruceña solo atiende a casos “de emergencia”.

La resolución publicada en las últimas horas dice: “DISPONER LA SUSPENSION DE PLAZOS PROCESALES, a partir del día 20 de Marzo y hasta el 31 de Marzo del corriente año inclusive, en todas las instancias y fueros de las dependencias judiciales de la Provincia de Santa Cruz, tanto en el ámbito Jurisdiccional como en el Administrativo, salvo casos de urgencia que ameriten su debido diligenciamiento; todo ello, en virtud de los considerandos expuestos en la siguiente resolución. DISPONER que vencido el período dispuesto precedentemente, el Tribunal Superior de Justicia analizará la necesidad de prorrogar la citada suspensión de plazos procesales”.

Por si fuera poco, este miércoles ahoracalafate.com.ar conoció que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, máximo órgano del Poder Judicial, intimó bajo ley a que el Mnisterio de Economía de la provincia le transfiera los fondos para que se pueda pagar los sueldos del mes de febrero de los empleados judiciales.

El Poder Judicial tiene su propio presupuesto, pero la plata está en la caja del Poder Ejecutivo.

Con el oficio N6 la presidencia del tribunal a cargo de la jueza Paula Ludueña intimó al ministro de Economía Juan Donnini a que libere los fondos que le pertenecen a los sueldos de febrero de los empleados del Poder Judicial, entre los que se encuentran los mismos máximos jueces.

“Me dirijo a usted a efectos de intimar, bajo apercibimiento de Ley, la urgente remisión de los fondos con el objeto de abonar la totalidad de los haberes del personal de este Poder Judicial correspondientes al mes de febrero del 2017, en virtud de lo solicitado a través del Libramiento de Pago N°003/2017; todo ello teniendo en cuenta que han transcurrido 21 días sin la remisión de los mismos afectando la autarquía establecida en el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de recursos 2017 . Ley 3526 - , toda vez que este incumplimiento altera el servicio de justicia, como así también la intangibilidad de los salario de magistrados del Poder Judicial”, dice el principal párrafo de la intimación realizada al gobierno de Alicia Kirchner.

Además, se le advierte al ministro que el incumplimiento podría causar un juicio administrativo, por los juicios que podrían originar los empleados judiciales o terceros que se ven afectados.

El Superior Tribunal de Justicia está integrado por los jueces Paula Ludueña (Presidenta), Daniel Mariani, Enrique Peretti, y Alicia de los Angeles Mercau.