Se trata de una resolución con la que los concejales calafatenses hacen distitnos pedidos a varios sectores, en el contexto de la crisis santacruceña.

Fue aprobada por unanimidad en la mañana del jueves, en momento que se desarrolló la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de El Calafate.

El texto de la resolución dice que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que realice “los mayores esfuerzos a través de su gestión y del compromiso con los trabajadores en procurar los fondos para las contribuciones del estado provincial y el pago de sueldos a jubilados, pensionados y activos de la administración pública provincial reivindicando los derechos de todo trabajador, para obtener su salario en tiempo y forma, que a toda persona hace más digna”.

Al Poder Ejecutivo Nacional los concejales calafatenses le solicitan que “asista dando respuesta positiva a los reiterados pedidos de ayuda financiera que requiere nuestra provincia con el fin de garantizar la paz social de todos los santacruceños”.

A los referentes políticos de la oposición les solicitan “un mayor compromiso y apertura al diálogo. Ya que algunos, en nuestra provincia, lejos de hacer gestiones y contribuir en la búsqueda de soluciones conjuntas para remediar la difícil situación que atravesamos los santacruceños, eligen ser protagonistas en los medios de comunicación agitando a la comunidad e instalando mentiras, que provocan el enfrentamiento entre los habitantes de nuestra querida Santa Cruz”.

En el artículo cuarto de la resolución que tuvo el voto de los legisladores del Frente para la Victoria Ana Ianni, Carlos Alegría, Carlos Mazzei y Barbara Maldonado, y el correspondiente al concejal Hugo Núñez (UPVM – Cambiemos) se pide todas las Entidades Bancarias y financieras radicadas en la provincia de Santa Cruz, a Servicios Públicos Sociedad del Estado, a Distrigas S.A., a la Municipalidad de El Calafate, a las Inmobiliarias, Cotecal, TV por cable y demás empresas privadas que presten sus servicios en la comunidad de El Calafate “no aplicar intereses punitorios y/o multas que pudieran devengar ante el atraso del pago de servicios por el término de (90) días, a partir del primero de junio del año dos mil diecisiete”.