El gobierno de Santa Cruz paga los sueldos fuera de término. Lo hace de manera desdoblada y de una forma discrecional que no permite conocer el criterio en el que basan sus decisiones para tener certeza quienes cobran primero y quienes después.

Todo está fuera de ley y el argumento es la crisis financiera y económica de Santa Cruz.

El gobierno dice que, como una familia pobre, junta la plata día a día para pagar sus compromisos, y que esto no le permite cumplir en tiempo y forma.

Pero esto no es lo único que está haciendo fuera de la ley el gobierno provincial. Funcionarios del gabinete pueden ser denunciados por quedarse con dinero que no les pertenece.

Al momento de pagar los sueldos, las áreas del gobierno provincial son también agentes de retención. Deben descontar del sueldo de un trabajador las cifras ordenadas por la justicia y depositarlas en las cuentas que son indicadas desde un determinado juzgado.

El caso más común de las retenciones corresponde a la cuota alimentaria. En casos de divorcios o por filiaciones la justicia formaliza un acuerdo, o una orden judicial, resolviendo que al padre se le descuente una determinada cantidad de dinero, y que eso sea depositado en la cuenta de la madre. Es una orden judicial y no puede ser sometida a decisiones políticas del momento ni los vaivenes económicos. Si el sueldo se paga, los funcionarios están obligados a realizar la retención y a depositarlas donde correspondan.

Al menos dos docentes dicen que a sus ex maridos les pagan el sueldo con la retención realizada, pero que a ellas no les depositan el dinero correspondiente.

Según conoció ahoracalafate.com.ar  varias son las madres que están en la misma situación. Dos de ellas, docentes provinciales, empezaron a realizar las presentaciones judiciales correspondientes, luego de haber realizado los reclamos administrativos sin respuestas por parte del gobierno.

En la Defensoría Oficial de El Calafate conocieron sobre el tema, aunque aún no está definido el accionar de esa oficina. Es que, en casos particulares, las defensorías santacruceñas actúan como abogadas de personas que no tienen acceso económico para pagar un abogado particular.

El sueldo mínimo de un docente está por encima del requerido como máximo para que pueda actuar una oficina de Defensoría Oficinal, pero en este caso los docentes están cobrando sus sueldos de manera irregular.