En la pasada sesión ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que propone la creación del cargo de Defensor Público Oficial del Adulto Mayor, en Salud Mental y de Discapacidad, bajo el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.

La propuesta encuentra sobrado fundamento en la necesidad de optimizar el servicio de justicia, pero principalmente porque estas personas, por sus características, necesitan de un especial cuidado, atención y protección.

En tal sentido, el Defensor General de Santa Cruz, Dr. Domingo Fernández, dijo que “en nuestros despachos cada día se presentan situación de abordaje de adultos mayores, las personas que están sufriendo un padecimiento mental o que tengan discapacidad y creo que necesitamos dependencias especializadas. Lo que se busca es abordar la problemática con mayor énfasis y profesionalidad”, explicó el funcionario judicial en FM Dimensión.

El proyecto ya había sido presentado en 2015 por el entonces diputado por Río Gallegos, Carlos Albrieu. Pero la iniciativa no fue tratada y pasó a archivo. Ahora el diputado calafateño Jorge Arabel busca reflotarla, y cuenta con el acompañamiento de sus pares Miryam Alonso, Hugo Garay y Javier Flores.

La idea parlamentaria propone crear tres cargos de Defensor Público Oficial del Adulto Mayor, en Salud Mental y de Discapacidad. Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos, otro en Puerto San Julián y el tercero en Caleta Olivia.

“Las referidas Defensorías tendrán carácter de volantes a los fines de dar cobertura legal a toda nuestra Provincia, abarcando cada una de ellas, la zona sur, centro y norte de Santa Cruz”, afirma el proyecto al que accedió Ahora Calafate.

Al explicar las funciones que tendrían estas Defensorías, el Dr. Fernández explicó en el programa Radio Activa que no se trata solo de la representación judicial, sino también extrajudiciales, como controlar la contención familia, económica, social o terapéutica. “Para que el abordaje sea integral como lo establecen las leyes y convenciones internacionales sobre protección de derechos humanos, necesitamos funcionarios, dependencias y estructuras acordes al cumplimiento de estas leyes y a las necesidades de la población”, insistió.

Para llevar adelante este abordaje integral, el proyecto propone que cada Defensoría Pública Oficial cuente “con un letrado adjunto y además de su personal será asistido por un gabinete interdisciplinario integrado al menos por un psicólogo y un trabajador social”. (Guillermo Pérez Luque -  Ahora Calafate).