FOTO: ARV. ACCIÓN SOCIALISTA. AÑO IV, N° 2. BUENOS AIRES, 10 DE JULIO DE 1929

“Las palabras son tan contexto histórico como las formas sociales”. [1]

Jorge Eduardo Douglas Price

El sistema argentino de gobierno, en su “forma representativa republicana y federal”, [2] [3] incluyendo el propio en cada Jurisdicción, por caso: “afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal”. [4]

“Todo poder público emana del pueblo; pero éste no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y con arreglo a lo que esta Constitución establece. Todos los habitantes de la Provincia gozan de los derechos de petición y reunión pacífica. Se asegura el derecho a la plena participación en las decisiones de los poderes públicos sobre los asuntos de interés general a través de los procedimientos que esta Constitución dispone”. [5] [6]

Es decir, es un esquema donde al elector le queda circunscripta su capacidad de incidencia, además del voto.

Existen variaciones significativas como, por ejemplo: “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo”. [7] (No incluye a la población como en otras normas equivalentes).

Aunque por caso, es amplia la capacidad legal de solicitar el inicio de un Juicio Político: “A la Cámara de Diputados compete, a petición escrita y fundada de alguno de sus miembros o de cualquier habitante de la Provincia, [8] la facultad de acusar ante el Senado a los funcionarios anteriormente mencionados [9] por mal desempeño de sus funciones, delito cometido en el ejercicio de éstas o crímenes comunes”. [10]

Cuando analizamos las cartas orgánicas y las comparamos con las constituciones notamos un valioso avance con respecto a la participación de los habitantes.

“Un número de electores [11] no inferior al medio por ciento (0,5%) del total del padrón cívico utilizado en el último comicio municipal puede presentar al Concejo Deliberante proyectos de ordenanza sobre cualquier asunto de su competencia, salvo los siguientes: 1. Reforma o enmienda de esta Carta Orgánica. 2. Creación y organización de secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal. 3. Presupuesto. 4. Tributos. 5. Contravenciones. 6. Todo otro asunto que, importando un gasto, no prevea los recursos correspondientes para su atención. El Concejo Deliberante debe expedirse expresamente dentro del término de ciento ochenta (180) días contados desde su presentación. [12] Si no lo hace en ese plazo se consideran sancionados automáticamente y pasan al Departamento Ejecutivo para su examen y promulgación”. [13] El mismo artículo puntualiza limitaciones temáticas. [14]

Sin duda que, las cartas orgánicas, institucionalmente, contribuyen a la asidua y libre expresión de los electores de cada ciudad, además del voto cada dos o cuatro años; sin reemplazar en sus funciones a los que fueron elegidos por sufragio.