“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas, Asamblea General. A/RES/61/106. 13 de diciembre de 2006.

Bien entrado el siglo XXI, en general, con diversas intensidades, encontramos luces y sombras con respecto a la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, en cuanto a su integración como miembros inexcusables del género humano.

En tal sentido, las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, aprobó la superadora “Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad”, cuyos objetivos son: “a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.

Cabe destacar que la propuesta es claramente universal, a toda la humanidad en su conjunto y, al mismo tiempo, en forma particular a cada individuo y comunidad, pues la inclusión social de las personas con discapacidad es un proceso donde interviene cada uno de los seres humanos, sin distinción alguna, con la participación constructiva de los directamente involucrados.

También significa que los poderes públicos, en todas sus instituciones jurisdiccionales, tienen la responsabilidad primaria de generar políticas activas, generales y específicas, que propendan al cumplimiento cabal de la antedicha Convención.

Las situaciones son bien diversas, pero siempre será posible progresar positivamente cuando, inteligentemente, se articulen perseverantemente los recursos comunitarios existentes, teniendo en cuenta cada uno de los contextos que incluyen múltiples problemáticas a ser atendidas. La visión debe ser integral.

Es un proceso con una relevante historia, un activo presente y un futuro proyectado alentadoramente que permite visualizar alicientes significativos, principalmente si la tarea es de todos mancomunadamente.

Las necesidades existen y es imperioso continuar trabajando en tal sentido; los debates perduran o se renuevan por lo que se debe seguir buscando los aportes en la riqueza de los mismos.

Al respecto, es preciso avanzar en la generalización de la normalización de las condiciones de vida, es decir, que cada instancia incluya también a las personas con discapacidad, evitando estrategias de innecesaria segregación sabiendo la importancia de la intervención de aportes específicos cada vez que sea una opción conveniente.

Muchas son las personas con discapacidad y sus familiares que diariamente bregan por la inclusión social.

Muchos son los que cotidianamente, de disímiles formas, contribuyen a un presente mejor de las personas con discapacidad como parte ineludible de la comunidad.

Sin duda, las realidades individuales y comunitarias, como el futuro de cada uno y de todos, es una construcción social de gran relevancia que propende al desarrollo sustentable únicamente cuando todos los integrantes de las comunidades están plenamente integrados.

+ Secretario de Coordinación de Políticas para las Personas con Discapacidad, Ministerio Jefatura de Gabinete, Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.