Padres de la escuela primaria 89 juntaron firmas para pedir por la continuidad de clases, sin interrupciones de ningún tipo.

Durante los últimos días, un grupo de padres juntó adhesiones a un texto que convertido en nota formal fue presentado en el Concejo Deliberante.

Con la presentación y varias decenas de firmas, los padres “repudian” los paros realizados por los gremios de la ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), en ese establecimiento educacional.

“Comprendemos el derecho que tienen los trabajadores de la educación y del estado en reclamar lo que creen que es conveniente tanto en sus haberes como en sus reclamos. Pero desde el inicio de clases el pasado 2 de marzo, hasta la fecha, los alumnos tuvieron un 30% de clases entre feriados y paros de sindicatos”, expresan los padres en su carta.

Además solicitan “rever la posibilidad de buscar alguna alternativa de limpieza del establecimiento, ya que evidentemente la parte de paros docentes está estrechamente ligada a las cuestiones políticas de las que los padres y alumnos son ajenos”.

En otro párrafo de la carta enviada a concejales de la ciudad, los padres dicen que “enfatizamos nuestro repudio a la falta de conciencia por parte de todos los que recaman derechos realizando paros, que solo perjudican la educación de nuestros hijos; como así también solicitamos que se revea la posibilidad de buscar alternativas de limpieza del establecimiento para evitar futuras perdidas de días de clases y educación”.

El pedido de los vecinos está basado en los artículos 1, 15, y 67, de la ley nacional 26 061 llamada “De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

En su primer artículo, la ley garantiza el cumplimiento de los derechos para infantes y adolescentes, habilitando “a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas expeditivas y eficaces”.

El otro artículo citado (15) consolida el derecho a la educación pública y gratuita.

En tanto, el artículo 67 de esa normativa nacional estipula derechos y obligaciones de los docentes, entre los que figura el inciso que hacen notar como fundamental referido a que los docentes deben “proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con los dispuesto en la ley Nº 26 061.