El asesinato de María Martini ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2011. El autor fue el cabo Alejandro Benítez, su esposo. Además de matarla a ella y al bebé que llevaba en su vientre, de 7 meses de gestación, dio muerto a los hijos de ambos. A todos los mató con su arma reglamentaria, con la que luego se suicidó dentro de su auto, en pleno centro de El Calafate.

Hace dos años, la jueza de primera instancia de El Calafate, Florencia Viñuales, falló a favor de la madre de María, Mirta Esquivel, que inició una demanda contra el Estado Provincial para que reconociera las consecuencias que tuvo, haberle dado un arma a Benítez, cuando no tenía el apto psicológico para portarla.

Viñuales estableció además que el Estado le pague a Esquivel una compensación económica por diversos daños, señalando que “la responsabilidad de la Policía de Santa Cruz consiste en que selecciona a su personal y las tareas a realizar” y que por lo tanto “le corresponde el seguimiento del efectivo en cuanto a su conducta”.

La Jefatura de Policía rechazó la demanda, asegurando que, cuando Benítez había matado a su familia “no estaba en cumplimiento del deber” pero que además “no obraban quejas de sus compañeros ni tenía sumarios en su contra”. Más tarde, la provincia apeló el fallo, pero también la Cámara decidió sostener su responsabilidad.

El arma que el Estado le dio al cabo fue una Bersa modelo Thunder nº 11-60475, “que percutó” las vainas secuestradas en la escena del crimen y en el vehículo donde lo encontraron muerto.

Tanto en primera instancia como en Cámara de Apelaciones, los jueces ratificaron que “la institución policial estaba en pleno conocimiento de que Benítez estaba inmerso en una conflictiva familiar” (violencia doméstica) y que lo determinante para establecer la responsabilidad del Estado en este caso fue “que no ha acreditado haber realizado los exámenes psicofísicos, ni la capacitación para portar el arma”, como así tampoco “el seguimiento necesario a establecer si el miembro de la fuerza policial se encontraba en condiciones mentales mínimas e indispensables para utilizar un elemento de extremo riesgo como lo es un arma de fuego”.

En los últimos días, el Tribunal Superior de Justicia aceptó el recurso de casación presentado por el Gobierno, que busca una nueva instancia que le permita evitar que se siente un precedente tan grave, como el del peso de cuatro muertes como consecuencia de la inobservancia de sus agentes.

La mamá de María y abuela de los chicos, escribió una carta en la que piden que estos años de dolor, cierren. “Estamos hace siete años esperando justicia, esperando que provincia y policía se hagan cargo del asesinato de María y mis tres nietos. Todos sabemos que el arma la provee el Estado y en este caso se la entregaron a una persona que ni siquiera un psicológico le hicieron”.

Además, Esquivel se animó a contar que incluso “mi hija María esa noche fue hasta violada con el arma y no se hacen cargo de todo esto. Es una burla que la Policía de Santa Cruz diga que ‘"el agente Benítez se encontraba de franco ese día’. ¿Acaso no son policías las 24 horas del día? ¿los 365 días del año?” se preguntó.

Hay que recordar que con el cambio de gestión, se creó la Secretaría de Seguridad, y uno de los primeros puntos en los que dijo haberse abocado fue en la capacitación y seguimiento de los agentes de policía. Asimismo, el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Cruz denunciando que en la gestión anterior, sus asociados se vieron “presionados” para dar los aptos a los nuevos agentes. (Tiempo Sur- Ahora Calafate)