El abogado representa a Mirta Esquivel, madre de María Martini y abuela de los tres niños (uno aun en gestación), que fueron asesinados por el cabo Alejandro Benítez, el 2 de agosto de 2011.

Como ya informó este portal, la Jueza Civil Florencia Viñuales ordenó que la Policía de Santa Cruz haga un resarcimiento de 1,5 millones de pesos en concepto de “daño moral y material”.

En tal sentido, el Dr. Carlos Muriete consideró que “es un fallo ejemplar que saca a la luz las deficiencias de una institución que no mejora a pesar de los casos de homicidios y suicidios que sucedieron. Y que pone en riesgo permanente a toda la sociedad, en lugar de asegurarla y cuidarla”.

Los exámenes psicológicos de ingreso de los aspirantes, como también el seguimiento periódico de su condición mental y sentimental, una vez que estos ya están en servicio, están siendo seriamente cuestionados, ya que varios efectivos han protagonizado hechos de violencia contra sí y contra terceros, algunos con desenlace fatal.

El abogado Muriete no dudó en afirmar que “De Benítez a ahora no ha cambiado nada” esta cuestión. Y agregó que “este debe ser el tercer o cuarto fallo que la Policía tiene que pagar, y pese a ello no baja línea administrativa o institucional para mejorar este error”.

En el programa Radio Activa el abogado de la familia Esquivel Martini señaló que “cuando la Policía contestó la demanda se quiso desvincular del hecho para no tener responsabilidad civil, diciendo que (Benítez) no estaba en servicio” en el momento que cometió los crímenes y posterior suicidio.

Un argumento que fue fácilmente rebatido por Muriete. “La Policía debe hacer un seguimiento de sus efectivos y además tiene la responsabilidad y facultad de elegir a los hombres a los que les va a dar un arma. Una vez que los elige, los capacita y los selecciona a través de un proceso determinado, después no puede deslindar responsabilidades diciendo que no estaba en servicio”, señaló.

El abogado consideró que los exámenes psicológicos a los policías deberían ser realizados por profesionales ajenos a la fuerza, que no dependan de la superioridad. De esta manera se evitaría ingresos irregulares a la fuerza de efectivos no aptos psicológicamente, por el solo hecho que el superior los autoriza, como viene ocurriendo actualmente.

Por otra parte, Muriete cuestionó a la institución policial porque no cambian el sistema de otorgamiento en la portación del arma. “¿Qué hace un policía con el arma en su casa?”, se preguntó el abogado indicando que el efectivo debería portar su arma solo cuando se encuentre en servicio.

Además consideró que aparte del régimen policial para el otorgamiento de un arma, el policía debería tener una habilitación del registro nacional de armas, como cualquier ciudadano. De esta manera habría un doble control a los efectivos de la fuerza.