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7 de noviembre de 2016

Cooperativas afectadas por el pago de Ingresos Brutos

El nuevo Código Fiscal, sancionado por el oficialismo, incluyó a las cooperativas entre aquellos que deben pagar el impuesto provincial, lo que les causa un gran impacto en sus economías. El diputado Jorge Arabel presentó proyecto para que se deje sin efecto esa modificación, recordando que va en contra del espíritu de la Constitución Provincial.

Foto: La COTECAL es una de las cooperativas mas impactadas por el nuevo Código Fiscal

El problema se venía planteando ya al analizar el borrador del Nuevo código Fiscal de la provincia. Sin embargo al momento de ser votado no se tuvo en cuenta el pedido de cooperativas, incluida la Telefónica de El Calafate.

El texto del nuevo Código afirma en su artículo 163 que estará alcanzado con el impuesto sobre los ingresos brutos “el ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativo o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, INCLUIDAS LAS COOPERATIVAS”.

Esta inclusión tomó por sorpresa a estas instituciones y no alcanzó la gestión ante diputados para quitarla del proyecto. La nueva ley se aprobó con los votos mayoritarios del Frente para la Victoria.

Ahora un grupo de esos diputados, entre ellos el calafateño Jorge Arabel, busca revertir esta decisión que choca contra el espíritu de la propia Constitución de Santa Cruz. Presentaron un proyecto para modificar el flamante Código Fiscal.

La principal modificación pretendida es que se modifique el inciso 13 del Artículo 192, que habla de las exenciones. El Código Fiscal solo deja fuera del pago de Ingresos Brutos a las Cooperativas de Trabajo. Lo que se busca es quitar la frase “de trabajo”.

Al querer suavizar el hecho, el diputado Arabel indica que proponen esta modificación “en el entendimiento de que no ha sido el espíritu de los señores legisladores, al especificar cooperativas de trabajo, el de excluir a otras cooperativas de la excepción instaurada en el Código Fiscal aprobado, y que la misma lo ha sido sólo a titulo demostrativo”.

Pero luego aclara que esto “no ha sido interpretado  por la autoridad de aplicación” (la Agencia Santacruceña de Ingresos Público) lo que ha despertado en algunas cooperativas de nuestra provincia una inquietud que nos llevó a trabajar en una solución de fondo para la cuestión planteada”.

Al ser obligadas a pagar el 7,5 por ciento de su facturación total en concepto de Ingresos Brutos, el impacto económico a las cooperativas es notorio. “Existen en nuestra provincia entidades que poseen una larga historia de trabajo y servicio, a las que, imponerles un nuevo gravamen impositivo, las condenaría a una delicada posición financiera", sostiene el diputado Arabel.

Un ejemplo claro es el de la Cooperativa Telefónica de El Calafate (COTECAL), en donde estiman que deberán erogar unos 2.5 millones de pesos anuales para pagar este impuesto, los que no estaban contemplados en el cálculo anual de gastos.

¿Anticonstitucional?

Pero hay un agravante en la modificación del Código Fiscal, y es que al incluir a las cooperativas entre quienes deben ser alcanzadas por el gravamen de Ingresos Brutos, el Gobierno cae prácticamente en conflicto con el espíritu y la letra de  Constitución Provincial.

El Artículo 50 de la Carta Magna santacruceña indica que “la Provincia deberá fomentar el cooperativismo, mediante el tratamiento especial a las organizaciones de ese carácter”.

Más explícito es el artículo 43, que expresa que “la Cámara (de diputados) al sancionar las leyes impositivas, eximirá a las instituciones que realicen obras de bien social sin espíritu de lucro”.

“No está demás dejar claro que las Cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y ayuda mutua para organizar y prestar servicios  y por lo tanto no poseen una finalidad lucrativa”, dice el diputado Arabel en su fundamentación. Y agrega que “el acto cooperativo es un servicio social que permite la prestación de un servicio al costo y no implica una transacción ni operación del mercado”.

El proyecto que también lleva las firmas de los diputados Javier Flores, Hugo Garay y Carlos Santi, espera tratamiento en las comisiones a cargo de su análisis.

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