La jueza en lo Civil de El Calafate, Dra. Florencia Viñuales (foto), exhortó al Poder Legislativo Provincial y Secretaria de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, que implementen mecanismos de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

La decisión de la magistrada responde a un amparo colectivo, presentado por 15 vecinos de El Chaltén, el pasado 31 de Octubre, en relación a los hechos ocurridos el 9 de Octubre, donde se denunció el accionar violento y represivo de la policía durante un procedimiento realizado en la puerta de un local nocturno.

Esta situación disparó el reclamo de vecinos que incluyó una movilización, pedido de explicaciones, la visita del Secretario de DDHH de Santa Cruz, Horacio Pietragalla, y la denuncia ante el juzgado penal de El Calafate, de las personas que habían sido detenidas aquella madrugada. El amparo colectivo es otra de las acciones relacionadas con estos hechos.

El amparo solicita seis puntos. Entre ellos que “se requiera a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y con todas las garantías por los hechos denunciados”. También que se garantice una mayor facilidad de acceso a la Justicia para los ciudadanos de El Chaltén, que deben trasladarse constantemente a El Calafate.

La jueza Viñuales no compartió el último pedido, y sobre el primero señaló que los hechos del 9 de octubre ya están siendo investigados por el fuero penal, a cargo del Dr. Narvarte.

Sin embargo entre los amparistas el escrito de la Jueza Viñuales es mas que positivo en la cuestión de fondo que se planteó. Y es que se solicita que “se intime a las autoridades provinciales y municipales correspondientes, para que se cumpla se cumpla con ley nacional  25.932 de 2004 y la Ley nº 26.827 de 2012 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se sancionen en nuestra provincia los mecanismos en ellas descritos”.

Una de las amparistas es la vecina Ana Fernández Borsot, abogada española que reside en El Chalten hace varios años. En contacto con FM Dimensión mostró su satisfacción por la decisión de la Jueza Viñuales

 “En orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Argentino, dado la inquietud planteada por numerosos vecinos de El Chaltén, y la circunstancia que aún no se han instituido mecanismos locales a fin de la prevención de la tortura, corresponde exhortar al Poder Legislativo Provincial, y Secretaría de Derechos Humanos del Estado de la Provincia de Santa Cruz, a fin que promuevan la concreción de los mecanismos locales a nivel provincial de prevención de la tortura, atento el tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley 26.827”, promulgada en enero de 2013 por la Presidente Cristina F. de Kirchner. (ver texto completo de la Ley)

Fernández Borsoto dijo que “nos sentimos escuchados y estamos agradecidos por la forma en que la jueza ha tomado nuestra solicitud”,  ya que en Santa Cruz “no se están implementando los protocolos que por ley corresponden para prevenir estas situaciones”.

“Sentimos que gracias al acompañamiento de tantos vecinos y vecinas, hemos realizado un gran ejercicio de ciudadanía consiguiendo un gran logro colectivo en beneficio de toda la provincia de Santa Cruz. Esto nos llena de esperanza y de la certeza de que actuando se pueden lograr cambios” dijo la vecina de El Chaltén

En el programa Radio Activa, Fernández Borsot destacó que la acción de amparo fue “un ejercicio de ciudadanía ejemplar que hemos realizado en El Chalten a partir de un suceso traumático... Se fue a buscar soluciones y a construir derechos, no a linchar a nadie. Y nos escucharon”