El Gobierno Provincial da marcha atrás con una polémica decisión que quitaba el acceso al agua a los superficiarios de campos en los que pasa el río Santa Cruz, y donde estarán los lagos de embalse de las represas. 

Se encuentra en estado parlamentario la derogación del artículo 3° de la Ley 3389, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a concesionar una franja de tierra de 200 metros desde la costa de los futuros lagos artificiales. 

El reclamo de los superficiarios se remonta a finales de 2014, cuando en un trámite express los diputados del oficialismo aprobaron dicha ley, que modificaba lo dispuesto por la Ley 3192, que contaba con el acuerdo de los terratenientes. Ampliaba la superficie a expropiar y les vedaba el acceso al agua para sus ganados.

A finales de mayo pasado los superficiarios exigieron que la Ley 3389 sea derogada en su totalidad. Ahora lo que se trata es la quita del artículo que posibilitaba la concesión de esa franja de tierra.

En recientes declaraciones a FM Dimensión, el secretario provincial de Ambiente de, Mariano Bertinat, dijo que durante la última audiencia pública realizada en Puerto Santa Cruz, se anunció la eliminación de ese artículo. 

Además se notificó a los presentes, entre los que había superficiarios, que ya se recibieron de Nación las nuevas cotas de los futuros lago de embalses que se formarán cuando se levanten las represas. Estos espejos de agua serán de menor superficie que el proyecto actual contempla represas más chicas que las diseñadas originalmente.

Por lo tanto la superficie a expropiar será menor, aunque se mantendrán los 200 metros de utilidad pública. En tal sentido Bertinat afirmó que la superficie total a expropiar se reduce en 11.000 hectáreas aproximadamente.

Por su parte, el Ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, estimó que se reducirá entre un 30 y un 33 por ciento el área a expropiar. En declaraciones al programa Radio Activa, dijo que esta modificación ingresa a la Legislatura para ser incluida junto con la derogación del artículo 3° y ser tratada en la próxima sesión. Ahora Calafate pudo saber que sería el 12 de diciembre.

El funcionario provincial dijo que esta marcha atrás del Gobierno Provincial “es un ejemplo que cuando alguien se equivoca, se puede reconocer y subsanar el error”.

“Yo y el diputado Arabel (de El Calafate) fuimos participes de la modificación de esa ley, y fuimos parte de ese error cometido. Probablemente a instancias de una información que recibíamos que no era la correcta,” agregó Álvarez.