Viernes 29 de Marzo de 2024

10 de julio de 2018

HOSPITAL. Cuestionan a médica por sus opiniones contra aborto.

Un grupo de mujeres reaccionó ante los dichos de una ginecóloga local que había advertido que mujeres que estaban de acuerdo con el aborto no se acerquen a su consultorio, y había enviado a suicidarse a quienes están de acuerdo con la ley de despenalización.

 

 

Autoridades del hospital SAMIC de El Calafate deben opinar si una profesional cometió alguna falta a sus funciones ante el reclamo de un grupo de mujeres.

En el informe publicado por ahoracalafate.com.ar titulado “Lo que Opinan Los Médicos Locales Sobre el Aborto”, se conoció las opiniones de la doctora ginecóloga Claudia Callejas quien en su cuenta de Facebook, con perfil público, había escrito: “LES COMUNICO POR ESTE MEDIO A TODAS MIS PCTES QUE NO ESTOY A FAVOR DE ESTA LEY. Ni SE LES OCURRA LLEGAR POR MI CONSULTORIO A SOLICITAR UN ABORTO ... YO ME FORMÉ PARA TRAER VIDAS AL MUNDO 🌍 Y NO TERMINAR CON ELLAS POR IRRESPONSBILIDAD MATERNA O DEL SISTEMA DE MIERDA DE SALUD QUE TENEMOS 😢😢. QUEDAN OFICIALMENTE NOTIFICADAS !!!”.

Meses antes, había publicado su idea que quienes están de acuerdo con la despenalización del aborto se “peguen un tiro” en una plaza pública.

Las opiniones fueron rechazadas por varios profesionales del mismo hospital, pero lo hicieron en privado. En tanto un grupo de mujeres de las localidades que se presentó como Frente de Mujeres Juana Azurduy presentó una queja formal ante el hospital.

La presentación dice que el grupo tiene el “temor” que por su opinión en contra de la despenalización del aborto, la doctora pueda restringir el derecho al servicio de salud de alguna mujer y por aparente apología del suicidio.

Además el grupo adjuntó publicaciones y documentaciones sobre una causa penal que la profesional afrontó en la provincia de Tucumán con resultado de absolución pero que fue reabierta con una apelación que está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pedido a la intervención del hospital es que garantice la idoneidad de la profesional y que se tengan medidas preventivas que garanticen el derecho a la Salud a las mujeres pacientes de ese hospital público.

Ante la consulta de ahoracalafate.com.ar, el interventor Gastón Ortíz Maldonado confirmó la recepción del pedido de ese grupo de mujeres. Dijo que de la presentación fueron notificados el jefe de servicio, el director médico y la profesional cuestionada.

Ortíz Maldonado también respondió que la presentación y documentación adjunta fue enviada al área legal del hospital, para que analice si la opinión y forma de la profesional perjudica el servicio que brinda el hospital.

“Si hay algún cuestionamiento sobre la idoneidad de un profesional debería ser enviado al Colegio Médico de Santa Cruz”, comentó.

Sobre si el antecedente de una causa penal inhibe a la profesional a prestar servicios en el hospital SAMIC, el interventor Ortíz Maldonado comentó que no es un tema nuevo para la conducción de ese nosocomio ya que era sabido que la profesional había quedado absuelta en una causa penal en su contra, y que por informaciones periodísticas ese fallo fue apelado a un tribunal superior pero que no tiene sentencia firme. “Si un profesional es exonerado a nivel nacional no puede trabajar en este hospital, pero por lo que sabemos, este no es el caso”, dijo el interventor.

La profesional dio su advertencia a pacientes horas después que se aprobara la media sanción de la despenalización del aborto en la legislatura nacional.

En la provincia de la Rioja el anestesista Facundo Barcena, del Hospital de la Madre y el Niño, fue separado de sus funciones luego que en su cuenta de Facebook advirtiera que cada mujer que se realizara un aborto en su guardia, no recibiría anestesia.

LA CAUSA

A partir del 2012, la doctora Calleja enfrentó una causa penal en su contra en la provincia de Tucumán. La denuncia la impulsó una madre de 26 años que ingresó a un centro de maternidad con un aborto espontáneo. Dice que Calleja, y otra doctora, le hicieron un legrado sin anestesia, que mostraron el feto a su esposo, y que la acusaron de haber abortado intencionalmente con una correspondiente denuncia policial que motivó que minutos después los policías la interrogaran a la paciente estando en el mismo centro de salud.

Para la justicia provincial no había méritos para enjuiciar a las profesionales, pero sí para juzgar a la madre de familia (tiene otros tres hijos).

La situación fue revertida porque el año pasado la Procuración General de la Nación impulsó la revisión de la causa con una presentación ante Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene resolución pendiente.

 

LAS OPINIONES DE PROFESIONALES LOCALES 

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