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27 de agosto de 2019

Justicia intima a obra social para que cumpla con una paciente de El Calafate

Caja de Servicios Sociales, Sede Central, Río Gallegos.

Una cirugía de extracción de un tumor le dejó una seria secuela. Para sobrellevar un dolor crónico los especialistas recetaron el implante de un neuroestimulador que la obra social no autoriza su compra.

 

 

Una vecina de El Calafate espera que la Caja de Servicios Sociales, obra social de la administración pública de Santa Cruz, cumpla en reconocerle un tratamiento que le está siendo negado, y por lo que debió acudir a la justicia.

En mayo del 2015, luego de atenciones en El Calafate y en Río Gallegos, la mujer debió ser intervenida en Buenos Aires.

Los especialistas debieron realizar una intervención toráxica para quitarle un tumor.

La cirugía fue positiva, pero comprometió nervios que derivaron en una inamovilidad y un dolor crónico de uno de sus brazos.

El tratamiento de fuertes fármacos no dio resultado, registrando los médicos que el dolor se ubicaba en 5 de manera constante y en 10 en momentos de crisis, de una tabla que va de 0 a 10.

Un año después sufrió una hepatitis farmacológica, por lo que los médicos debieron buscar alternativas.

A la paciente se le recomendó el implante de un neuroestimulador medular.

Los tramites fueron iniciados en la sede de la obra social en Buenos Aires, pero nunca la autorización para la compra del sistema nunca llegó.

La familia dice que hasta se perdió el expediente, por lo que año después se debió reiniciar el pedido.

Ante la falta de respuestas de la Caja de Servicios Sociales, la mujer espera en su casa con dosis de morfina, la que incluso a veces le costó conseguir.

La situación está ahora también en manos de la justicia. Desde la defensoría Oficial de El Calafate se presentó un Recurso de Amparo.

En diciembre del 2018 la jueza Florencia Viñuales aceptó el amparo, y ordenó que la obra social cumpla con brindar esa cobertura a la demandante.

En mayo, y sin respuestas, la jueza intimó a que se cumpla con su orden, bajo advertencia que se aplicaba una pena de 3 000 mil pesos por cada día de incumplimiento.

Horas atrás, la jueza volvió a firmar un oficio dirigido a las autoridades de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, esta vez para que informen en qué situación administrativa se encuentra la compra del neuroestimulador que necesita la vecina.

Hace dos meses, especialistas de Buenos Aires, luego de un ateneo multidisciplinario, reiteraron la sugerencia que la mujer de 41 años reciba ese implante para poder sobrellevar el dolor crónico.

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