Hace dos años, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobó una batería de medidas que perseguían el objetivo de una mayor recaudación.

Una de las leyes fue la de inventar un nuevo impuesto, destinado exclusivamente a las empresas mineras que exploran y explotan en tierra santacruceña, llamado “impuesto inmobiliario minero”.

La idea del Gobierno de Daniel Peralta es que las provincias reciben poco y nada de lo que genera la minería, porque además que el sector tiene varias exenciones, el 80 porciento de los impuestos del sector se los queda el gobierno nacional, y el resto queda para ser repartido entre las provincias.

Al no poder modificar la distribución de los recursos, Santa Cruz agregó un nuevo impuesto, con el que las mineras debían pagar en total, alrededor de 150 millones de pesos anuales, los que ingresarían a las arcas provinciales y entre otras cosas permitirían aumentar sueldos de trabajadores públicos.

La medida cayó mal en las empresas y el gobierno nacional, desde donde se entendía que no se debían cambiar las reglas de juego a las mineras, que estas comenzarían a dejar los emprendimientos, y otras no vendrían al país.

Una de las mineras mas importantes, “Triton” se quejó ante la justicia y pidió que se la exima de pagar el nuevo impuesto porque este no tiene validez ya que se entiende que está por fuera de la estabilidad fiscal que el país les aseguró para que llegaran con sus exploraciones y explotaciones.

El concepto de la “estabilidad fiscal” es que Nación o Provincias no pueden generar cambios impositivos que hagan que las empresas tengan que pagar mas que al momento de hacerse cargo de un área.

Además la minera pidió que mientras la justicia analizara la cuestión de fondo, concediera un “no innovar”, lo que quiere decir que mientras no haya un fallo por su corresponde o el impuesto no, la provincia no reclame el pago a la empresa.

Esta semana se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación concedió la medida cautelar pedida por la minera que opera cerca de la localidad de Gobernador Gregores, en una mina de plata y otro.

La orden de la CSJN es que Santa Cruz no puede exigir el pago de ese impuesto a esa minera.

“Le advierto a Triton y a todas las mineras que dentro de poco van a tener noticias, este fallo se trata de una  cautelar,  no es cosa juzgada”, aclaró y advirtió el gobernador Daniel Peralta en declaraciones realizadas horas atrás.

El mandatario mostró su molestia con la decisión de la Corte Suprema, diciendo “a Corte Suprema se equivoca porque mete la mano en algo que puede ser considerado como un intento de avasallar el federalismo, como ya lo ha hecho en muchas cuestiones, como  por el ejemplo, en el caso Sosa en el cual me hizo responsable”.

Santa Cruz aún está en desobediencia con la Corte, desde que esta ordenó que la provincia debía reponer en su cargo al ex jefe de los fiscales Eduardo Sosa.

“Esa misma Corte acepta la cautelar de una minera para impedir la aplicación del Impuesto Inmobiliario Minero, actitud vergonzosa de un Cuerpo que debiera estar ocupado en otras cosas y no aceptar una cautelar de compañías  multinacionales”, dijo el gobernador Daniel Peralta.

Además sin precisar detalles, el jefe del gobierno santacruceño adelantó: “vamos a tomar otro tipo de medidas con Triton y con todas las mineras. El Impuesto Inmobiliario Minero lo van a pagar de una manera o de otra, pero deberán hacerlo, por qué los recursos son de los santacruceños, no de los jueces de la Corte Suprema”.