El gobierno que se fue dejó a empleadas habiendo trabajado diez meses, pero sin firmar sus contratos ni pagar sueldos, a otros tantos con contratos precarios.

Son mas de 500 los empleados provinciales de bajas categorías que quedaron precarizados en su condición laboral y que se quedarían sin su trabajo a partir del 31 de diciembre.

La situación se agrava porque el nuevo gobierno tampoco se hace cargo de la situación.

Por eso es que el gremio ATE lleva dos días de presencia en la sede del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y lanzó un paro de 48 horas.

Las reuniones entre dirigentes de ATE y funcionarios provinciales no dan resultados, haciendo que el gremio comience un plan de lucha.

 Parte del conflicto son las empleadas del CIC Formenti, las que habían recibido la promesa escrita del anterior gobierno que se le firmaría los contratos antes del 10 de diciembre. La ministro y ahora diputada provincial Gabriela Peralta se fue incumpliendo lo pactado horas antes en  la secretaría de Trabajo de la provincia, cuando la representante legal de su ministerio aseguró que los contratos de las empleadas de Puerto Deseado y El Calafate serían firmados el 9 de diciembre.

Mientras ATE reclama también por ellas, las empleadas siguen asistiendo a sus jornadas laborales. Pero el martes no pudieron ingresar al CIC. Las autoridades y un policía que cumplía servicios de seguridad adicional les impidieron el ingreso, argumentando órdenes del ministerio de Desarrollo Social.

Las mujeres hicieron una exposición policial en una de las comisarías, momentos en que recibieron la noticia que la policía local no tenía ninguna orden de prohibirles el ingreso a ese Centro Integrador Comunitario, por lo que se cree que se trató de una orden interna del CIC.

Además, las empleadas recibieron el aviso de autoridades del CIC, que funcionaros provinciales llegaría en estas horas a realizar un inventario, para luego proceder al cierre de esa dependencia provincial.