El gremio ATE y el Gobierno Provincial llegaron a un principio de acuerdo para tratar de darle formalidad a los llamados “trabajadores precarizados”.

Son unas 1200 personas que pertenecían a diferentes planes de trabajo de programas que dependían del ministerio de Desarrollo Social.

Con distintas características, tenían contratos que se vencieron el 31 de diciembre.

Muchos no tenían un sueldo, sino que cobraban en concepto de “bacas laborales” o “ayudas financieras”.

Se calcula que son 1200 personas las que se encuentran en diferentes situación de contratos precarizados o sin contratos.

La gestión de la ex ministro Gabriela Peralta, ahora diputada provincial, también dejó a empleadas sin contratos firmados, sin cobrar un sueldo, y habiendo cumpliendo diferentes funcionales laborales durante el 2015, tal es el caso de las empleadas del CIC Formenti de nuestra ciudad.

El gobierno de Alicia Kirchner empezó con el reclamo de ATE en puerta, pidiendo que se le de formalidad a esos empleados.

La admiración kirchnerista se negó durante dos semanas. Argumentando que ya no hay lugar en la administración pública, ni plata para pagar sueldos, el gobierno ofreció que los empleados se convirtieron en monotributistas o que armaran cooperativas de trabajo.

El gremio no aceptó y luego de pasar la navidad en la sede del ministerio, el reclamo se mudó a los jardines de la Casa de Gobierno, donde el gremio montó carpas.

La gobernadora ordenó realizar la denuncia penal para lograr el desalojo de la Casa de Gobierno.

La denuncia recayó en la oficina del juez Lerena quien citó al gremio para ordenar la situación. ATE explicó las razones del reclamo.

El juez no resolvió sobre el desalojo del jardín de la Casa de Gobierno, como pidieron los funcionarios de Alicia Kirchner. En cambio, trató la cuestión de fondo e hizo de intermediario para que se arribe a un principio de acuerdo.

El lunes las partes acordaron. El gobierno se comprometió a que en el plazo de un mes se haga un relevamiento de cada uno de los trabajadores, para constatar que realmente cumplían funciones en áreas estatales.

Luego se les dará formalidad mediante un contrato anual que se renueva automáticamente.

Al término de los 30 días del relevamiento, el ministerio de Desarrollo Social, a Carlos de Paola Vesvesían, deberá elaborar un informe para ser presentado ante la justicia y el gremio, donde se detallen las constataciones, trabajadores a contratar y trabajadores a no contratar, con sus respectivas explicaciones.

En el acta firmada por funcionarios y dirigentes también se hace notar que se atiendan las situaciones de cada familia, ya que en varios casos vienen no cobrando sueldos hace varios meses.

La dirigente de ATE Olga Reinoso dijo que el logro está dado en el reconocimiento como trabajadores que se hace sobre cada una de las personas.

Sobre las empleadas del CIC Formenti de nuestra ciudad, las primeras precarizadas que comenzaron a reclamar antes del cambio de gobierno, Reinoso comentó que consta en el acuerdo que al momento que sean contratadas será con el reconocimiento de los meses trabajados durante el año pasado, y por el cual aún no percibieron sueldos.

“Las van a ir a visitar. Están visitando casa por casa”, dijo la representante gremial sobre el relevamiento que comienza a realizar el gobierno provincial.

“Le hemos arrancado la buena voluntad. Sabemos que en Santa Cruz y en el resto del país tiene que haber una organización de los trabajadores para tener repuestas. Si los compañeros no se organizan como lo hicieron las compañeras del CIC de El Calafate, si no se tiene esa conciencia no se consiguen respuestas, cuando se organizan y se tiene esa conciencia se logra el 80% de la solución del conflicto”, comentó Olga Reinoso al hablar con el programa radial Turno Mañana de FM Dimensión.