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6 de junio de 2017

Denuncian maniobras del gobierno para impedir investigaciones

A la designación de un juez “amigo” y denunciado, con el voto de los diputados kirchneristas, ahora le sigue una polémica designación en el Tribunal de Cuentas.

 

Ya mitad de año y aún no hay clases en las escuelas públicas, cada fin de mes los sueldos públicos se cobran sin fecha cierta y en algunos sectores en cuotas, los funcionarios provinciales no pueden enfrentar una conferencia de prensa o salir a la calle sin recibir cuestionamientos, la antipatía con el gobierno provincial es cada vez mayor, aun así la gestión kirchnerista se preocupa y ocupa de mantener el poder por la fuerza, ocupando espacios de control.

La semana pasada los diputados del Frente para la Victoria aprobaron la designación del abogado Marcelo Bersanelli como juez de primera instancia en Río Gallegos. Al ahora juez se lo conoce por su lazo de concuñado con máximo Kirchner, pero esto podría ser coincidencia. La diputada de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán quedó en minoría cuando propuso que se espere un tiempo para la designación, mientras se define si el abogado es o no responsable de haber cometido algún delito.

Bersanelli está denunciado por el vocal de la oposición en el Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel por sospechas de manejos fraudulentos de 40 millones de pesos, en su rol de subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa en el Ministerio de Salud de la provincia, que conduce su cuñada Rocío García.

El gremio de los trabajadores judiciales también había pedido que los diputados no traten la designación del flamante juez hasta que se aclare si cometió o no delito alguno.

Los diputados kirchneristas no escucharon los pedidos y obedecieron aprobando la designación, aun con el nuevo juez estando denunciado.

Al hablar con el programa Turno Mañana de FM Dimensión, la diputada Gabriela Mestelan indicó que lo mismo pretende el gobierno para que se designe a la jueza René Fernández, identificado con el kirchnerismo, en la vacante del Superior Tribunal de Justicia, la corte suprema de Santa Cruz.

En el Tribunal de Cuentas.

Ahora, el gremio de los trabajadores del Tribunal de Cuentas de la Provincia denuncia que el gobierno avanzó en la designación de una jefa de auditores sin respetar las vías que se utilizaban históricamente en ese organismo, y que ello tiene una clara intencionalidad política de frenar el trabajo del vocal de la minoría Javier Stoessel, y así evitar que se investiguen los manejos del gobierno kirchnerista.

El Tribunal de Cuentas es el organismo público encargado de controlar la correcta ejecución de fondos por parte de las reparticiones provinciales y municipales.

Está integrado por un presidente y dos vocales que designa el Poder Ejecutivo y un vocal que designa la primera minoría política.

De las vocalías dependen las jefaturas de auditorías: las de Entes Descentralizados, Entes Municipales, Cuentas Especiales, la de Empresas y Sociedades del Estado, y la de la Administración Central. Está ultima estaba “a cargo” de una contadora del área, por la jubilación de su titular.

La Auditoria de la Administración Central está a cargo del representante de la oposición Javier Stoessel. Los auditores son los que lo notifican ante la detección de posibles irregularidades, así es como surgieron denuncias penales que deben ser investigadas por la justicia.

El gremio de los empleados de esa repartición, y el mismo Stoessel, comunicaron que en lugar de nombrar a uno de los auditores en la jefatura de esa auditoría, el gobierno nombró a la contadora Jimena Guanco, perteneciente a otro sector del Tribunal de Cuentas, y a quien se le identifica con el kirchnerismo.

La Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) emitió un comunicado denunciando: “Nuestros compañeros de la Auditoría de Administración Central viven esta subestimación a sus cualidades para el ascenso como un castigo por estar bajo la órbita del Vocal por la Primera Minoría Política. Sus informes han servido de sustento para denuncias, aperturas de sumarios, recobros, etc, pero aparentemente no han servido para demostrar una capacidad suficiente para ser promovidos a un cargo superior, algo que parece contradictorio”.

También agregaron que “la inexperiencia de la persona elegida sobre el sector que deberá liderar, sumada a la promesa de una inminente rotación de auditores que también tendrá su repercusión en la calidad del trabajo (por lo menos en el corto plazo) nos lleva a pensar si el objetivo final del Presidente no es desarticular la Auditoría que ha propiciado la mayoría de las denuncias en estos últimos tiempos, pasándose por alto que independientemente del color político del Vocal de turno, nuestros compañeros solo cumplen con su deber”.
 

Al hablar con el programa Turno Mañana de FM Dimensión de El Calafate, el secretario general de APOC César Cárdenas dijo: “Es como una traba que le pone a Stoessel. Presentamos una nota del gremio y otra del personal del área mostrando desacuerdo con esa designación y se hizo caso omiso. Para nosotros esto es político. La lectura que hacemos es que la designada va a ser funcional a Ramos (presidente del Tribunal de Cuentas) y no al vocal Stoessel”.

CONOCÉ EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

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