El Municipio de El Chaltén finalmente salió del silencio frente a la situación derivada de la remoción de empleadas, hecho que fue vinculado a una persecución ideológica y revanchismo hacia ellas, por haber impulsado y participado de una Audiencia Pública, el mes pesado.

La postura del Ejecutivo fue plasmada en un comunicado en el que afirma que “es mentira que las decisiones adoptadas respecto de los agentes municipales contengan un sesgo político y sean arbitrarias e ilegales como pretenden hacer creer a la población el mismo grupo político que se niega sistemáticamente a tratar las ordenanzas municipales necesarias para dar sustentabilidad a la Municipalidad de El Chaltén”.

La crítica va dirigida a la oposición, especialmente a Encuentro Vecinal, a quien el FPV hace responsable de todas las situaciones que lo apremian. En otro párrafo afirma el Gobierno Municipal de El Chaltén que “ninguno de sus actos soberanos de gobierno tienen una orientación revanchista o de persecución política”.

Por el contrario – continua -  se encuentran orientas a brindar soluciones a las distintas problemáticas existentes en la localidad”. En ese sentido el Municipio afirma que la decisión de remover a la empleada Estefanía Leyes de su lugar administrativo en el HCD para derivarla al área de maestranza en una escuela obedece no a persecución ideológica, como se le achaca el Gobierno, sino porque el Municipio “considera la Educación como una herramienta de transformación y un derecho supremo”.

Para explicar esta postura, el Ejecutivo dice que “asumió la obligación de asegurar la continuidad del ciclo lectivo mediante la prestación del servicio de Saneamiento Ambiental en los centros educativos de nuestra localidad con personal propio. Y por ello “solicitó al Honorable Concejo Deliberante la afectación temporal de un personal dependiente de dicho Cuerpo para colaborar con el dicho servicio”.

 “Así fue que el Señor Presidente del HCD procedió a afectar a una agente cuyo contrato taxativamente especifica que es a los fines de prestar servicios administrativos y tareas generales”, dice el Municipio para justificar el desplazamiento de Leyes.

También afirma que sus decisiones sobre las empleadas “se encuentran legalmente encuadradas s dentro de las facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº55, el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la Administración Pública Provincial y la Ley de Contrato de Trabajo”.     

Por último el comunicado del municipio dirigido por Raúl Andrade vuelve a arremeter contra el principal partido opositor. “Instamos a la fuerza política vecinalista para que cese en la utilización política de una decisión soberana de gobierno y que emplee sus horas de trabajo -atendidas por el erario municipal- al tratamiento de los proyectos pendientes que hacen a la verdadera esencia de sus deberes”, concluye.