Martes 27 de Octubre de 2020

  • Un chubasco

18 de mayo de 2018

Es alto el acatamiento al paro de judiciales en El Calafate

Hasta el 24 de mayo se dispuso paro total de actividades en rechazo a un proyecto que impulsan diputados oficialistas para desenganchar la pauta salarial de los judiciales de lo que se acuerda a nivel nacional. Referentes locales del gremio se reunieron con concejales pidiéndoles que definan su postura. Esperan hacer lo mismo con el diputado Arabel.


La mayoría de las dependencias judiciales en El Calafate se encuentran adheridas a la medida de fuerza dispuesta en la asamblea del viernes pasado, que definió un paro total hasta el 24 de mayo próximo.

La adhesión a nivel provincial es altísima y esta localidad no es la excepción. A raíz de esta paralización del servicio de Justicia el Tribunal Superior decidió la suspensión de los plazos procesales que marcan los tiempos judiciales. La suspensión es hasta hoy viernes, pero seguramente se prolongará, ante la continuidad del paro.   

Motiva la protesta la decisión del oficialismo de tratar un proyecto que modifica la Ley 3022, que rige el procedimiento de negociación colectiva entre las máximas autoridades del Poder Judicial de Santa Cruz  y los trabajadores judiciales de toda la provincia.

En su artículo 8vo (el que se pretende modificar) establece que en el caso que las negociaciones paritarias que se celebren entre representantes del Sector Sindical Judicial y el Tribunal Superior que refieran a determinación de salarios o aumentos salariales, “no podrá tomarse índices ajenos a la realidad presupuestaria de la Provincia”

Actualmente los sueldos de los judiciales de Santa Cruz están atados a lo que se acuerde en la Corte Suprema de Justicia de Nación. La mejora se aplica al año siguiente de la negociación nacional.

Hace mas de dos años que el incremento salarial que reciben los judiciales santacruceños está desenganchado en la práctica, pero ahora se pretende cambiar la ley, lo que es interpretado como un avance contra los derechos adquiridos del sector.

El argumento del gobierno es el impedimento económico para hacer frente a estos incrementos que se deciden fuera de la provincia. “Nos hablan de que hay problemas económicos en la provincia, pero el Gobierno no quiere blanquear los números y ponerlos sobre la mesa”, reclama Franco Mascheroni, delegado de los judiciales en El Calafate.

Junto a Marianela Contreras, delegada suplente, estuvieron en FM Dimensión contando la situación y manifestando que el adhesión al paro en El Calafate supera el 90 por ciento de los empleados judiciales.

Momentos antes de la entrevista ambos dirigentes gremiales se reunieron por un lado con los concejales del PJ-FPV, y luego con el edil de Cambiemos, para exponerle la situación y pedirles que se expidan formalmente sobre el tema.

Además mencionaron que buscarán hacer lo propio con el diputado pro el pueblo, Jorge Arabel, también para conocer sus fundamentos que los llevaron a firmar en adhesión el proyecto que modifica la ley que los judiciales rechazan.

Además se resolvió una concentración y marcha hacia la Legislatura para este jueves 24 de mayo, cuando se haga la sesión en la que se puede tratar el cuestionado proyecto.

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