El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz vuelve a reclamar públicamente que los intendentes se quedan con fondos que no les pertenece: los de las jubilaciones de sus empleados.

Cuasi escrache público, el ministro de Economía Ignacio Perincioli (FOTO) dijo: “no existe ninguna Ley que diga que los intendentes no deben hacer los aportes, ni hay ningún acuerdo que los exima, o ponga a la Provincia en la responsabilidad de hacer esos pagos. Esto es algo que la Gobernadora fue hablando con los intendentes y comisionados para tratar de ordenar, y la verdad es que la Provincia hace un esfuerzo enorme para juntar la plata del pago de jubilaciones”.

La discusión está planteada en la plata que financia las jubilaciones estatales de Santa Cruz. Empleados provinciales y municipales cada mes aportan a la misma Caja de Previsión Social, la que luego les pagará la jubilación.

Al aporte de los empleados, los municipios suman un porcentual como empleador.

Provincia dice que mensualmente son unos 610 millones de pesos los que se paga en concepto de jubilaciones a ex empleados estatales, tanto provinciales como municipales, de la mínima hasta las máximas categorías, incluyendo es funcionarios de gobiernos, jueces, diputados, en definitiva: todo aquel que supo prestar una función dentro del estado santacruceño.

Lo que se recauda mensualmente por los aportes de los trabajadores y entes empleadores, no llega al total que hay que pagar, formándose el llamado “déficit”  que se debe cubrir con fondos provinciales y nacionales, dependiendo la relación política entre Provincia y Nación.

Una discusión de fondo se refiere a que Santa Cruz tiene un sistema jubilatorio diferente al que rige para estatales nacionales y privados, quienes se jubilan a los 65 (hombres) y 60 (mujeres). En esta provincia los estatales se jubilan a partir de los 30 años de servicio con un mínimo de 55 años los hombres y de 50 años las mujeres. Igualar el sistema provincial con el nacional es un debate al que se resisten los actuales empleados, gremios, y sectores de la política, estos últimos por el costo político que implicaría.

Mientras las edades no se modifican, la discusión interna en Santa Cruz es por los fondos. En un comunicado de prensa el ministro de economía Ignacio Perincioli confirmó que desde diciembre de 2015 a abril del 2018 los municipios de Santa Cruz le deben a la Caja de Previsión Social $3.112.497.770,86.

La deuda reclamada significa 5 meses del total actual de las jubilaciones.

El cálculo indica que en la actualidad la CPS debería recaudar por los aportes municipales unos 121 millones de pesos mensuales.

“Si los municipios afrontaran esa responsabilidad que tienen con sus jubilados, la situación de la Caja de Previsión sería muy diferente, y me parece que ya es hora de que todos los municipios, e incluso los gremios, se den una discusión sobre esto”, sostuvo Perincioli.

Además desde el gobierno provincial dicen que la situación empeora cuando los municipios dan aumento de sueldos que también rigen para sus jubilados, porque al no hacer los aportes sigue pagando la Provincia.

Las declaraciones del ministro no diferenciaron municipalidades, pese a que municipios como el de Puerto Deseado aseguró que está realizando los aportes, o El de El Calafate que había iniciado un proceso de conciliación de deudas.