Los gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz se oponen al proyecto del gobierno provincial para normalizar la Caja de Servicios Sociales.

La obra social que obligatoriamente tienen los empleados públicos de esta provincia, incluyendo municipales, se encuentra intervenida por el gobierno provincial desde 1985.

El reclamo masivo es que la provincia deje la intervención y convoque a su normalización para que sea conducida por un gobierno con representación de los afiliados.

La gobernadora envió a la legislatura un proyecto de ley que indica el cese de la intervención, pero que encuentra oposición en gremios estatales porque la idea del Poder Ejecutivo es seguir manteniendo el control mediante la conformación de un directorio donde los representantes del gobierno son mayoría.

La normativa propuesta por la gobernadora Alicia Kirchner es una modificación de la ley de creación de esa obra social, que data de 1964.

La idea es que la CSS sea conducida por un presidente y cuatro vocales.

El presidente y dos vocales serán designados por el gobierno provincial, mientras que los otros dos vocales serán elegidos en elecciones, uno por los activos y otro en representación de los jubilados.

Desde el arco de gremios opositores al gobierno provincial indicaron: “Entendemos una burla al pedido histórico de los trabajadores de recuperación y elección de los vocales por activos y pasivos, la pretensa inclusión de un proyecto que va en detrimento de quienes sostenemos con nuestros ingresos la obra social solidaria, queriendo con ello no sólo dilatar el llamado a elecciones sino por sobre todo legitimar las irregularidades que sostienen la intervención”.

La actual ley dice que el gobierno tiene dos representantes en el directorio. La modificación que impulsa el Ejecutivo es aumentar en uno su representatividad, quedándose con el control absoluto. “La inclusión de un vocal más por el poder Ejecutivo que ha sido el responsable civil y penal de la intervención por treinta años y de la malversación denunciada como consecuencia, no hace más que demostrar el desprecio que el Ejecutivo tiene para con la clase trabajadora y su intención no tan velada de mantener el control de una de las cajas más importantes de la Provincia sin ningún tipo de control social”, aseguraron los gremios en un comunicado.

Desde el sector sindical advirtieron que “toda acción política que no implique una disposición inmediata para el llamado a elecciones, que deje afuera la representación de los trabajadores de la obra social, que no posea perspectiva de género, que no busque el saneo de la institución, que se presente a la sociedad como una maniobra especulativa y regresiva será rechazada por las organizaciones una y otra vez”.