Daniel Fernández, el actual presidente de la UCR local, vive momentos de definiciones en su vida política. Por un lado, es inminente su expulsión absoluta del centenario partido. Por el otro, ya aceptó el ofrecimiento de un cargo político a nivel provincial.

Desde Río Gallegos, llegó información sobre la pronta decisión del Tribunal de Conducta partidaria del Comité provincial, de echar al ex candidato a concejal por la UCR, que se pasó al Frente para la Victoria horas antes del cierre de las listas para las elecciones de octubre pasado.

La inconducta partidaria hizo que afiliados locales de la UCR solicitaran sanciones contra Fernández, considerándolo un tránsfuga. El proceso del Tribunal  se inició y el presidente del Comité Calafate fue notificado para que ejerza su descargo.

Ahora se espera una definición que podría ser la expulsión, aunque no se sabe si esto incluirá o no la intervención del comité, como pedían algunos radicales. La resolución del Tribunal partidario se conocería en breve, indicaron fuentes consultadas por Ahora Calafate.

Pero así como Fernández tendrá un castigo, también goza de una recompensa. Su traspaso a las filas del oficialismo provincial a las que en su momento criticó fuertemente, lo hizo merecedor de un cargo político.

Desde la semana pasada el radical K acude a la oficina local de la Caja de Previsión Social (CPS), en la que ocupa el cargo de delegado.

Desde 2004 y hasta el momento, la delegada era Silvia Álvarez, quien en octubre fue candidata a concejal de la lista del PJ que apoyaba a Daniel Peralta.

La designación de Fernández se da a pesar de la vigencia del Decreto de Emergencia Administrativa (Nº157), que restringe la incorporación de personal al Estado, exceptuando “únicamente aquellos casos que resulten imprescindibles”.

Este no es el caso, ya que el plantel de la delegación de CPS ahora se incrementó de cuatro a cinco integrantes, debido a que la desplazada delegada es planta estable del organismo y ahora ocupa un puesto administrativo en la oficina.