Hace un mes que los trabajadores que dependen del gobierno provincial deberían haber cobrado su aguinaldo.

Primero el gobierno dijo que no tenía plata y que necesitaba obtener un crédito para hacer los pagos. Para eso se debía contar con una autorización de la Cámara de Diputados, en donde la oposición política se opuso argumentando que no autorizaría un crédito multimillonario sin conocer los números reales del Estado Provincial, y que a su entender había suficientes fondos.

La sesión clave fue escandalosa. Terminó con manifestantes en el exterior tirando piedras y quemando cubiertas, la policía desalojando el recinto por seguridad de los diputados, los legisladores de la oposición yéndose, y los del oficialismo aprovechando para sesionar rápidamente y aprobar varios puntos, entre ellos la autorización del denominado empréstito.

La oposición fue a la justicia. El juez de primera instancia Francisco Marinkovic declaró que la sesión era nula, y frenó al gobierno para que obtuviera el crédito. La Cámara de Apelaciones, una instancia superior, rebatió el fallo del juez y autorizó.

Los plazos se fueron venciendo y los empleados de la administración pública no cobraron el aguinaldo.

La explicación del gobierno de Alicia Kirchner es que la discusión en diputados y luego el accionar judicial retrasaron la obtención del crédito, por lo que aún no se cuenta con los fondos para pagar el aguinaldo.

La situación se agravó porque tampoco se anunció una fecha probable de pago.

Hace una semana un grupo de jubilados tomó la sede de la Caja de Previsión Social, reclamando que sea atendido su pedido del pago de aguinaldo.

A las pocas horas la gobernadora Alicia Kirchner anunció el pago del aguinaldo para jubilados y los trabajadores llamados “ex 591”, hasta la categoría 24, empleados de la administración central y de menores categorías, y que sería afrontado con un adelanto de recursos del gobierno nacional de 280 millones de pesos.

Policía

Al mismo tiempo los policías comenzaron a reunirse para organizar su reclamo. El comienzo de semana hábil llegó con un ultimátum de los efectivos organizados en la Asociación de Policías de Santa Cruz.

El lunes a última hora de la tarde, el ministro de gobierno Fernando Basanta se reunió con policías de Caleta Olivia, mientras su Secretario de Seguridad hizo lo mismo con policías de Río Gallegos.

Ambos funcionarios intentaron explicar los “esfuerzos” del gobierno provincial ante la crisis santacruceña. Pero los policías dijeron no querer escuchar otra cosa que una fecha firme para el pago del aguinaldo. Le dieron plazo hasta el martes al mediodía, sino comenzaban con el acuartelamiento.

Y al final, el martes llegó el anuncio. Esta vez fue la jefatura de la policía provincial la que mandó un radiograma a sus dependencias avisando que el 2 de agosto se pagará el aguinaldo a todos los policías.

El anuncio llego minutos antes que empezara el acuartelamiento, y sin mayores explicaciones como en el caso de los Jubilados, donde se detalló el origen de los fondos.

La falta de información por parte del gobierno aumenta las sospechas que se asumió un compromiso pero sin tener los fondos, especulando que al 2 de agosto aparecerán los millones necesarios.

Demás

Otros sectores no tuvieron hasta ahora ni siquiera fecha probable de pago, entre ellos los viales y docentes.

También el Sindicato de Trabajadores Viales empezó a reclamar, incluso con una jornada de corte de ruta en Río Gallegos a fines de la semana pasada, por ahora sin respuestas.

A la vez que los policías eran avisados que cobrarán su aguinaldo, el gremio docente ADOSAC avisó que si al lunes no cobran el aguinaldo, no comenzarán las clases.

En el medio también están los trabajadores del Canal 9, principal órgano de difusión de las dos décadas y media de kirchnerismo. Los empleados de todas las áreas también empezaron a reclamar por el aguinaldo, con retención de tareas que perjudica el normal desarrollo de la programación.

El martes cerró con policías suspendiendo su medida de fuera ante la promesa de pago, demás sectores sin fecha ni información, y con el gobierno provincial sin informar.