Dos mujeres entre 25 y 30 años quedaron a disposición de la justicia federal de Río Gallegos, donde estas horas son entrevistadas para que cuenten el rol que cumplían en el bar “El Gran Chaparral”, de donde fueron sacadas en la madrugada del domingo, cuando se practicaron dos allanamientos.

Las mujeres trabajaban en el bar en la atención al público, pero la investigación federal dice que por lo menos una de ellas también hacía “pases”, término que se le da al servicio sexual rentado en el interior de un local comercial.

Mientras la responsable del bar y el propietario del predio donde funciona el boliche, fijaron domicilio y serán llamados a declarar en indagatoria, las dos empleadas fueron trasladadas a Río Gallegos, con protección especial e ingresada al protocolo previsto para el caso de “trata de personas”.

Fuentes judiciales indicaron a Ahora Calafate que el caso se venía investigando hace varios meses para determinar si las dos mujeres tenían una dependencia con el local nocturno y si cumplían con servicios sexuales.

La investigación logró reunir varios elementos que prueban que las mujeres cumplían funciones de la atención al público, comprendiendo el interactuar con los hombres y recibir las invitaciones de las bebidas alcohólicas que se les ofrecía para estar con ellas, lo que en la jerga se llama (hacer copas).

Para los investigadores, hay suficiente elementos para entender que las mujeres realizaban prácticas sexuales rentadas como parte de su empleo, lo que está penado por la ley de “trata de personas”.

Clave será el testimonio que brinden ambas mujeres ante funcionarias judiciales.

Un detalle no menor, es que una de las dos mujeres había trabajado en un cabaret ya clausurado, años atrás.

Información a la que accedió este portal indica que el caso disparó otras causas, además del expediente por el delito de “trata”.

En la vivienda de la propietaria, la policía provincial encontró tres armas de fuego, por lo que se inició una causa por la tenencia ilegal de armas.

La policía sospecha que una de las armas podría ser la que la justicia local estaba buscando cuando la propietaria del local permaneció varias horas detenidas por ser la principal sospecha de haber baleado a un cliente.

Por el caso de las armas se notificaba al juzgado de instrucción de la ciudad, sede que tramita la causa de las lesiones por bala de un cliente del bar.

Otra causa que se origina es porque además del allanamiento en el bar y la vivienda de la propietaria, se hizo una requisa en un vehículo propiedad de la misma mujer, el que estaba siendo utilizado por un hijo y amigos. En el interior se encontraron rastros de marihuana.

El operativo fue realizado por policías que llegaron desde Río Gallegos. Las Fuerzas Especiales irrumpieron en el bar y en la vivienda, y la División de Prevención y Lucha Contra la Trata de Personas se encargó de hacer la requisa, los secuestros de armas, dinero y documentación, y de “recuperar” a las dos mujeres.

En tanto, el bar quedó clausurado por orden judicial.

Pero además, la policía inició causas por “desobediencia” a vecinos que se negaron a participar como testigos.

Alrededor de las cuatro de la mañana, antes de dirigirse hacia los domicilios donde debían realizarse los allanamientos, los policías debían buscar las personas que oficiaran de testigo de las actuaciones.

Personal de la comisaría 2da demoró a seis personas que pasaban por el centro de la ciudad. Fueron llevados a la comisaría donde se les explicó que debían ser testigo de los allanamientos que se iban a producir. Cinco personas se negaron, pese a la explicación de los policías sobre que se trata de una “carga pública” a la que los ciudadanos están obligados a cumplir, salvo especiales excepciones.

La negativa de las personas hizo que la policía notificara a la justicia, iniciando causas penales contra los vecinos.